Opinion | 22 Jul Si bien el escenario que presenta la enseñanza en nuestro país puede dar lugar a conceptos controvertidos, según del lado del mostrador de que se mire, un análisis más o menos objetivo de la realidad indica que pese a que se ha incorporado a la Constitución que se vuelque un mínimo del 4,5 por ciento del Producto Bruto Interno del país al sector, igualmente sigue en retroceso la calidad de la educación y a la vez siguen cayendo índices educativos en forma sistemática.
Lo peor del caso es que aunque hay diagnósticos mayoritarios de que algo valedero debe hacerse de una vez por todas para modificar este estado de cosas, y en forma radical, ante la gravedad de la situación, no es menos cierto que estamos ante un diálogo de sordos, y con sindicatos en soberbecidos en sus reclamos salariales de cara a la Rendición de Cuentas, pero sin a la vez generar propuestas a tener en cuenta para por lo menos paliar este déficit educativo flagrante.
Lamentablemente, falta el diagnóstico específico de como estamos para luego buscar acuerdo en las respuestas, lo que indica que las diferencias están lejos de acortarse para que el sistema político, y los sectores involucrados en la problemática de la enseñanza, no solo promuevan propuestas, sino que tampoco hay acuerdo sobre lo que está ocurriendo. Eso sí es grave, porque revela que hay grupos de interés, sobre todos los sindicatos de docentes, que no quieren ver o por lo menos reconocer lo que rompe los ojos, simplemente porque ellos son parte del problema y no están dispuestos a que se trabaje contra resultados, como en todos los órdenes de la vida.
El presidente Mujica ha reafirmado que el Uruguay requiere “educación, educación, educación”, lo que es un enunciado no solo compartible, sino que precisamente merece ser respaldado en cuanto se disponga a traducir este deseo en acciones que confirmen un rumbo para conquistar este objetivo, pero lamentablemente hasta ahora los hechos distan de confirmar esta voluntad expresada por el mandatario.
Así, seguimos con la rémora de la Ley de Educación aprobada durante la Administración del ex presidente Tabaré Vázquez, en la que se transfirió gran parte del poder a los sindicatos del sector, los que en esos puestos apuntan a satisfacer sus demandas gremiales, anteponiéndolas al interés general porque ese es el leit motiv, al fin de cuentas, de gremios que se han formado para obtener satisfacción a sus reivindicaciones. Y por cierto que han adelantado en este sentido, porque han obtenido incrementos salariales sucesivos, de cargo al erario, con la salvedad de que siempre quieren más y han adoptado en estos días sucesivas medidas de fuerza, las que incluyen una ola de paros, a despecho de la suerte de estudiantes que ya tienen serios problemas de escolaridad por una serie de factores.
Pero incrementos salariales no quiere decir mejora en la calidad de la enseñanza, pese a que se intente confundir con estos reclamos a la opinión pública y, por supuesto, de aprobarse los aumentos, la educación seguirá tan deficitaria como ahora, porque evidentemente este es un aspecto secundario para quienes actúan solo bajo la bandera del gremialismo y consideran como prioridad la suerte del sector.
Por lo pronto, los dirigentes gremiales no solo no se han ocupado de generar algún diagnóstico serio para proponer respuestas a la caótica enseñanza estatal uruguaya, sino que siguen reivindicando fórmulas que han fracasado y pensando solo en conquistar más poder para decidir, de forma de seguir arrimando agua para su molino.
Tenemos por ejemplo que Marcel Slamovitz, sindicalista dirigente de la federación de profesores (Fenapes), reconoce que “la ley de Educación fue una repartija de cargos, pero no atendió los problemas que importan”, lo que es una verdad enorme, pero a la vez considera que los problemas podrán solucionarse con “el cogobierno, como en la Universidad de la República”, lo que es el colmo del delirio, porque se pretende dejar afuera a los representantes de la ciudadanía, que son los actores políticos, y que son los únicos que pueden cortarle el paso a quienes desde adentro siguen trabajando en favor de sus salarios y otros beneficios, sin importarles para nada la educación.
Ello explica la encerrona en que se encuentra la enseñanza en el Uruguay, donde se ha invertido una gran cantidad de dinero, que llega a unos 50.000 millones de pesos este año, mientras seguimos lejos siquiera de media tabla en las pruebas internacionales PISA, con una altísima deserción en la educación media, con las peores tasas de egreso en América Latina y encima se festejan presuntos éxitos como la caída de la repetición en Primaria, cuando lo único que se ha hecho es bajar las exigencias para que aún sin tener un mínimo de conocimientos requeridos muchos alumnos resulten promovidos, solo para trasladar el problema hacia más adelante y haciendo cada vez más difícil su solución.