Nacionales | 24 Jul El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, dijo a El País que la esencialidad u otras medidas similares no se aplicó en gobiernos blancos o colorados, por lo que tampoco lo hará el Frente Amplio. En tanto, el consejero opositor del Codicen, Daniel Corbo, dijo a El Observador que el organismo educativo podría declarar a la educación en estado de “emergencia social” como forma de limitar la huelga e impedir que se pierdan más clases.
“La extensión del conflicto y de pérdidas de días de clases coloca al país cada vez más en una emergencia social, porque una cosa es que se trastoquen las clases una semana, pero esto ya lleva más de un mes, además de los días de paro a principio de año por otras razones. Es una cuestión que realmente afecta muchísimo y, a mi modo de ver, puede llegar a colocar en situación de emergencia a la educación”, dijo Corbo.
Sin embargo, esta posibilidad, así como la de declarar la esencialidad o servicios mínimos en la educación, fue negada por el titular de la cartera de Trabajo. La emergencia social no es un servicio esencial pero los juristas sostienen que se podría obligar a mantener un servicio mínimo que asegure su atención.
Por otro lado, la reunión entre representantes del gobierno y el presidente del Codicen, Wilson Netto, fue postergada para esta jornada, en la que se prevé analizar el conflicto educativo y los mecanismos que puedan darlo por finalizado.
Buscan educación privada
Cuando aún no se dilucidó el conflicto sindical en la enseñanza estatal, los colegios privados comenzaron a recibir consultas de padres de alumnos de Secundaria sobre las condiciones de inscripción para el año 2014. “Sin duda que estos días de no actividad han preocupado a los padres”, dijo a El País el presidente de la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec), Marcelo Fontona, en referencia a los paros y movilizaciones que desde principios de año vienen aplicando los sindicatos de la enseñanza estatal, en Montevideo.
“He recibido consultas de gente que envía sus hijos a la educación estatal sobre los colegios que están cerca de sus casas o las ofertas que hay, cosa que no es común en las conversaciones habituales”, aseveró Fontona. “Es probable que haya un incremento en las consultas pero no estoy en condiciones de confirmarlo”, agregó.
Fontona aclaró que tradicionalmente las inscripciones en los colegios católicos comienzan a partir de agosto. Dentro de la oferta de educación católica para educación media los precios de las mensualidades van desde $ 500 a $ 10.000 dependiendo de la situación de cada colegio y los servicios que preste. No obstante, en todos los colegios hay un sistema de becas para estudiantes.
Un estudio interno de Audec concluyó que el promedio de las cuotas es de $ 4.500, una cifra similar al costo que tiene para el Estado cada alumno de la educación pública. En la comparación respecto a los aumentos salariales de los docentes, los privados recibirán un 3,5% a partir de 2014 mientras que en el Estado el ajuste podría ser de entre un 3%, si el Parlamento aprueba el mensaje de Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo, o de 6% si se vota la propuesta de la ANEP.
El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, dijo que al gobierno le “preocupa” que el conflicto en la educación pública derive en un aumento en la matrícula en la enseñanza privada. “Nos preocupa que estas situaciones terminen deteriorando a la educación pública y nos encontremos en el próximo año con un incremento notorio de la matrícula de la educación privada”, consignó a La República.
Aumenta conflictividad laboral
La conflictividad global creció 73% en el primer semestre frente a igual lapso del año anterior, según el Observatorio elaborado por el departamento de Relaciones Laborales de la Universidad Católica.
De esta forma, el primer semestre de 2013 fue el segundo más conflictivo desde que la institución mide la conflictividad laboral (1995 – 2013). A nivel sectorial, la conflictividad llegó a los niveles más altos desde 1997, informaron en conferencia de prensa. La huelga de la educación y los conflictos generados en la salud, entre otros sectores hicieron de junio el mes más conflictivo desde 2005, según el estudio de la Universidad Católica. Además, se informó que se prevé que en el segundo semestre del año, la mayor conflictividad se presente en el sector privado.
Niños del INAU “no salieron en años”
El dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), Gustavo Aisa, denunció en el Parlamento que los niños del INAU que viven en hogares de amparo “no salieron en años. Uno vio un perro y decía que era un monstruo”, agregó.
Según Aisa, “hay niños en los hogares del INAU que en dos o tres años no han salido a pasear. Una compañera me comentó que un niño vio un perro y se asustó porque creía que era un monstruo. ¡Nunca había visto un perro! ¡Toda la ciudadanía debería saber estas cosas!”, exclamó durante la visita al Parlamento de una delegación del Pit Cnt para tratar las tercerizaciones en áreas públicas.
“No solamente debemos hacer cosas para que no haya más violencia y la gente siga cayendo en las cárceles; tenemos que entender que son niños y que los podemos ayudar para que su futuro no sea tan incierto. Digo esto porque cuando llegan a los 18 años lo único que les dan es una pensión del Banco de Previsión Social, que es la asignación familiar. Ahora, me pregunto adónde van y qué hacen con esa plata. ¿Pueden trabajar? ¿Son dirigidos para trabajar o para estudiar? ¿El Estado sabe qué pasa después?”, se preguntó el sindicalista.
Y agregó que “lo mismo ocurre con la gente que está en la calle. Estas personas van a los refugios y lo único que hacen es estar en un lugar. ¿El Estado controla si el refugio realmente cumple lo que debe hacer, es decir, dar la cena a las personas que concurren, asegurarse de que estén bien junto con los chiquilines que van al lugar y ayudarlos a buscar trabajo? Y cuando no aparecen más, ¿el Estado sabe lo que pasó? No lo saben y no les interesa. Hay empresas a las que no les importa que la gente esté mejor”, concluyó.
Nuevo régimen para Zonas Francas
El gobierno pretende modificar el régimen de Zonas Francas (ZF) con un proyecto de ley enviado al Parlamento que pasa a denominarlas Zonas Económicas Especiales (ZEE), con nuevos condicionamientos para su desarrollo.
Se incorporan los controles aduaneros, se establecen limitaciones para el desarrollo de nuevas actividades y se reduce el tope de personal extranjero para los servicios. En primer término, el texto determina que las ZEE estarán sometidas a fiscalización y control de la Dirección Nacional de Aduanas dentro del recinto, lo que no ocurre hasta ahora. Además, sólo se podrán establecer nuevas zonas fuera del área metropolitana si tienen “gran significación económica” o “alto contenido tecnológico”.
También se podrán crear Zonas Temáticas de Servicios y el gobierno pondrá énfasis en que se desarrolle atención en salud; esparcimiento y entretenimiento; y audiovisuales. En las zonas que ya están instaladas, solo se podrán ampliar actividades industriales de usuarios existentes o crear nuevas actividades que sean complementarias a las de los usuarios ya existentes. Asimismo, se habilitará en esas zonas la realización de actividad industrial especializada en sectores o la realización de actividad industrial para esas zonas fuera del área metropolitana.
Para la actividad industrial, se mantiene la exigencia de que el 75% del personal debe ser uruguayo, pero para el sector servicios se baja a 50%.