Opinion | 21 Jul El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, manifestó su molestia ante la amplia trascendencia y divulgación de los casos de homicidios en Uruguay, cuya cifra “es considerablemente menor a los suicidios”.
Tales declaraciones fueron efectuadas en el marco del Día Nacional de Prevención del Suicidio, el pasado 17 de julio, donde una vez más se confirmó que Uruguay mantiene una alta tasa, con la muerte de 540 personas en 2012.
La mayoría de los casos se registran en personas con más de 60 años, entre 15 y 30 años y del sexo masculino. Esta problemática sigue siendo multicausal y generando distintas miradas.
En vez de analizar las declaraciones del ministro, tratemos de observar el problema por el revés de la trama.
A mediados de julio de 2011, se presentó el Plan Nacional de Prevención del Suicidio donde se establecían líneas estratégicas y de construcción interinstitucional hasta el 2015, con la meta de reducir la mortalidad por suicidio en un 10%. Sin embargo, en 2011 se autoeliminaron 537 personas y en 2012, lo hicieron 540. Eso significa un aumento.
Si la realidad indica que ocurrieron 267 homicidios, es decir, prácticamente la mitad de los suicidios registrados durante el pasado año, no es menos cierto que no se ha encontrado una solución al problema desde hace más de dos años. O incluso más atrás en el tiempo, si se toma en cuenta que desde 2007 existe la Ley 18.097, que en alguna medida no se está cumpliendo, a excepción de recordar el 17 de julio como una jornada de sensibilización y difusión de la problemática.
Por tanto, el asunto no es la alta difusión de los homicidios, sino el escaso resultado del programa para evitar los suicidios, que va de la mano de la adecuada instrumentación de una política de Salud Mental, que en Uruguay ha sido el gran debe por décadas. Y aunque no son datos que se manejen, seguramente se han destinado cuantiosos recursos para este proyecto que a la vista está, fracasó en sus objetivos.
Si recordamos los objetivos del Plan, el año pasado planteaba el diseño de un manual para atender los casos de Intentos de Autoeliminación (IAE), ampliar la cobertura de Salud Mental a las personas con IAE, incluyendo al grupo familiar y entorno inmediato y la creación de un marco regulatorio en todos los niveles de atención del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Pero lamentablemente no se ha logrado hasta ahora la meta de un descenso de los casos.
El revés de la trama indica que se deberá replantear el plan, sus objetivos y rediseñar nuevas estrategias que alcancen una mayor efectividad para enfrentar con éxito al “fenómeno multicausal, que implica el acto de matarse a sí mismo. En él intervienen diversos factores que van desde lo político, económico y ambiental, hasta lo biológico, psicológico y sociocultural”, según la definición de suicidio que maneja el Ministerio de Salud Pública.