Opinion | 25 Jul Las producciones primarias en la región, es decir commodities de grandes volúmenes y bajo valor relativo, como los granos y la madera, entre otros, que han tenido una gran explosión, requieren el formidable instrumento del transporte fluvial como elemento que permita llegar a destino, con menores costos en fletes y por lo tanto generando mayor rentabilidad a los productores, en un sector que tiene su talón de Aquiles precisamente en el transporte.
En nuestro país la reactivación de puertos como el de Paysandú ha sido notoria, donde además de recibirse fuertes inversiones de la Administración Nacional de Puertos --estimadas en unos diez millones de dólares entre obras concretadas y otras todavía en marcha-- asimismo están en desarrollo importantes mejoras en el vecino puerto de Salto; en tanto también en Fray Bentos y Nueva Palmira se han mejorado instalaciones para atender la fuerte demanda que surge a partir de la explosiva irrupción de los productos primarios.
Naturalmente, para sacar esta producción por el río Uruguay se necesita profundidad, y este es un aspecto que todavía sigue en el debe, por cuanto tanto hacia el norte como hacia el sur del río Negro se ha hecho poco en la materia, mientras que en el caso de Concepción del Uruguay se ha trabajado parcialmente con equipos de la propia Argentina, solo para mantener una mínima profundidad para operar.
Es explicable por lo tanto que las fuerzas vivas de ambos márgenes del río Uruguay, sobre todo de la ribera uruguaya, sigan reclamando vivamente que se concrete el dragado del cauce. Con este fin viene actuando desde hace años en el caso de Paysandú la Comisión Intersectorial pro Puerto Ultramar de Paysandú (Cipup), y en Concepción del Uruguay fuerzas vivas encabezadas por el ahora intendente Carlos Schepens, mientras hace unos dos años se creó el Comité Binacional de la Hidrovía del Río Uruguay, que entre sus planteos incluye la integración y complementariedad de puertos, y que realizara recientemente la última sesión en Concepción del Uruguay.
La demora en la concreción del proyecto integral de dragado del río Uruguay es el aspecto que más preocupa a los intendentes de ambas orillas, y así lo manifestaron en este ámbito en el que también se contó con la presencia de los integrantes de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
Esta preocupación de los intendentes es justificada, porque una cosa es el sentir y necesidades de la región y otra muy distinta la receptividad que se tiene en los gobiernos nacionales --nos estamos refiriendo en este caso fundamentalmente a Buenos Aires-- por cuanto es notorio que desde la vecina orilla, y a partir sobre todo del conflicto por la instalación de la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos, la consigna parece ser la de demorar y frustrar los intentos de avanzar en los procesos de integración. En este caso la tranca burocrática impide llevar el río Uruguay a la profundidad adecuada para posibilitar una mejor navegabilidad, tal como también sucede con el dragado de Martín García.
El delegado argentino en CARU, Héctor Amaral, informó a la comisión binacional que el organismo todavía debe expedirse sobre la licencia social del proyecto (¿?), pero se ve impedido de hacerlo porque ha detectado diferencias significativas en el monto de obras y mantenimiento, del orden de los ocho millones de dólares, por lo que entiende que ante este error no puede emitirse la referida licencia social.
En cambio, el presidente de la delegación uruguaya, Gastón Silberman, marcó sustanciales diferencias con esta apreciación de su contraparte argentina y sostuvo que “la licencia social está desde el 20 de mayo, hace dos meses que se está esperando el resultado de la consultora”, e hizo notar, con buen tino, que este es el resultado del estudio de la consultora y no un llamado a licitación.
Por lo tanto, si hay diferencias, no corresponde expedirse a CARU, sino que el tema debe dilucidarse en las cancillerías cuando se avance en el proceso para elaborar el proyecto y llamado a licitación.
Quiere decir que el costo de escritorio del proyecto, que naturalmente será ajustado para la licitación, “no puede de ninguna manera seguir dilatando el resultado de la consultoría”, sostuvo el jerarca, mientras a la vez es imperioso contar con el dragado para tratar de cumplir con la demanda, como bien lo expresaron los intendentes de Río Negro y de Concepción del Uruguay en este mismo encuentro.
Es evidente que las largas que se dan en la vecina orilla no solo responden a cuestiones burocráticas, que abundan, lamentablemente, sino que parece haber una apuesta al enlentecimiento y entorpecimiento de temas vitales para la región, que no tienen la misma importancia para el poder central que para los actores que viven directamente la problemática. Urge por lo tanto que siga desarrollándose un trabajo conjunto de las fuerzas vivas y gobernantes de ambas orillas, tanto en el ámbito de la comisión binacional como ante organismos de la región, sobre todo de las cancillerías, para que de una vez por todas se dé luz verde al llamado de dragado integral, que será una respuesta valedera para muchos de nuestros problemas de navegabilidad.