Paysandú, Sábado 27 de Julio de 2013
Locales | 23 Jul Mañana miércoles terminará el estudio del proyecto de ley de megaminería en la comisión del Senado y “si bien el proyecto ha sido sensiblemente mejorado en relación a lo aprobado en Diputados, mantiene en su articulado varias disposiciones que limitan la capacidad del Estado de obtener los ingresos impositivos que tanto se han publicitado para justificar la realización de la megaminería en nuestro país”, dijo a EL TELEGRAFO Raúl Viñas, quien ha realizado intervenciones durante el estudio del proyecto en la Comisión de la Cámara de Diputados y en la del Senado.
Evitar impuestos
Explicó que “por ejemplo, en el artículo 10, el Estado renuncia a considerar conjunto económico las empresas que no realizan tareas definidas como mineras o conexas. De esa forma se puede dar el caso de que mi empresa minera no sea considerada conjunto económico con mi empresa de servicios portuarios o mi empresa de transporte de combustible con lo que evidentemente puedo desviar mis ganancias entre las empresas y reducir e incluso evitar el pago del adicional del IRAE específico para los megamineros y que es la base del esquema de solidaridad del Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión”. Asimismo, detalló que “también se mantienen las deducciones impositivas a la megaminería. Si bien no son exoneraciones, ya que se resolvió en el acuerdo multipartidario no dar ‘exoneraciones’ y así son solo ‘deducciones’, por lo que la minera de gran porte se libra de pagar muchos de los impuestos que debe pagar cualquier hijo de vecino”.
Sin desarrollo largo
Dijo que el proyecto “no establece aún forma alguna de asegurar el desarrollo minero de largo plazo, como fue acordado en el acuerdo multipartidario de 2011. Así es solo la empresa minera la que decide por sí y ante sí el volumen de extracción. Eso en el caso de una empresa definida como ‘megaminera’ puede llevar al agotamiento de los yacimientos en un plazo tan corto que no permita el desarrollo de la industrialización y el establecimiento de verdaderas cadenas productivas”. Hubo algunos cambios que Viñas consideró como “mejoras”, entre los que está “que se sacó la ‘pelletización’ de entre los llamados procesos ‘industriales’ y que no tendrá el proyecto una cláusula específica para hacer arbitraje internacional a los diferendos entre el estado y las empresas mineras que trabajen en Uruguay”.
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