a Comisión de Constitución y Legislación

Locales | 27 Jul El juicio político al intendente Bertil Bentos solicitado por los ediles del Frente Amplio tiene pocas posibilidades de prosperar al no estar enmarcado en los delitos previstos por la Constitución de la República, según las consultas efectuadas por EL TELEGRAFO a los senadores nacionalistas Jorge Larrañaga y Francisco Gallinal y el colorado José Amorín Batlle. Desde la Redacción se intentó consultar a senadores del Frente Amplio, particularmente a Luis Rosadilla como coordinador de la bancada oficialista, pero no respondieron las llamadas.
El artículo 296 de la carta magna habilita la acusación, y dice textualmente que “los intendentes y los miembros de la Junta Departamental podrán ser acusados ante la Cámara de Senadores por un tercio de votos del total de componentes de dicha Junta por los motivos previstos en el artículo 93. La Cámara de Senadores podrá separarlos de sus destinos por dos tercios de votos del total de sus componentes”.
El artículo 93, que establece los posibles cargos, dice “Compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y el Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa”.
El trámite ahora incluye que quienes promovieron la acusación, los ediles del Frente Amplio, deben presentarse en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado para fundamentar el alcance de la denuncia, luego se cita al intendente para que vaya a dar su informe y hacer sus descargos. Si hay dudas en los integrantes de la Comisión se piden más alegatos o presentación de pruebas. La Comisión analiza el tema, presenta su informe y pasa a consideración del Senado, que resuelve por mayoría especial de dos tercios de los 31 senadores, por lo que se necesitan 21 votos.
El Frente Amplio tiene 16 senadores, el Partido Nacional 10 y el Partido Colorado 5, por lo que no será fácil para el oficialismo --si es que se hace eco de la moción de los ediles-- sumar las cinco voluntades que le faltan para eventualmente separarlo de su cargo.
El líder de Alianza Nacional, senador Jorge Larrañaga, fue terminante al afirmar que “no corresponde el juicio político y las condiciones para un juicio de estas características son delitos graves o violación a la Constitución”.
Para el legislador sanducero y dos veces intendente de Paysandú, “evidentemente es una artimaña política llevada adelante por el Frente Amplio, esto lo advierte cualquiera”, afirmando que “pretender hacerle juicio político al intendente Bentos supone un grueso error jurídico y político”.
Según el senador Francisco Gallinal, integrante de la Comisión que analizará el pedido, “la Constitución exige que el motivo para el juicio político sea violación a la Constitución o un delito grave” y sobre este caso en particular dijo que “si se actuara con racionalidad y ponderación, yo no le veo el más mínimo andamiento; es como si le hubiéramos hecho un juicio al ministro de Salud Pública cuando las muertes en el hospital Maciel (causadas por enfermeros). Pero estamos en año preelectoral y ahí puede estar la razón de pedir el juicio político, porque uno que ha seguido de cerca los acontecimientos, no veo que pueda existir alguna vinculación. Y el gobierno municipal no tiene competencia en temas de salud ni de seguridad, la competencia la tiene el Ministerio del Interior y el de Salud Pública, por lo que los acusadores tienen que tener cuidado que la acusación no se les vuelva en contra. Si ellos acusan por falta de prevención en temas de salud y seguridad, de combate a la prostitución, que es el tema que está en la vuelta, no sé cuál es el fundamento que tomaron”.
Gallinal dijo que el pedido de juicio político “es un instituto excepcional, para ser utilizado cuando efectivamente se cree que hay una violación a la Constitución o un delito grave cometido. Pero que se pretenda inculpar a Bertil Bentos de algún delito me parece que no corresponde, y es una actitud electoralista”. Sobre el tratamiento del tema en la Comisión, el senador Gallinal dijo que “hemos asumido un compromiso en la Comisión de darle rápido tratamiento a todos los juicios políticos que se presentan, porque nuestra responsabilidad es defender el honor de las personas involucradas. Y a veces si hay dilación, puede llevar a malas interpretaciones”, por lo que el trámite será rápido para el pronunciamiento del Senado sobre el tema. Entre los últimos casos que analizó la comisión estuvo el pedido de desafuero del Senador Rodolfo Nin Novoa, que fue rechazado, y también el del exintendente Irineu Riet Correa hace unos ocho años.
El senador del Partido Colorado José Amorín Batlle dijo a EL TELEGRAFO que “sólo conozco el tema por lo publicado en la prensa”, aunque también señaló que las acusaciones no son tan graves como para un juicio político, y recordó los detalles establecidos en la Constitución de la República. No obstante, dijo que “voy a consultar a los ediles de Paysandú para que me den la información necesaria”, aunque a primera vista no habría un caso grave.