Opinion | 26 Jul La central obrera Pit-Cnt, a través de su dirigente Marcelo Abdala, expuso sus puntos de vista en el marco del paro de actividades realizado en la víspera, en el acto central que tuvo lugar en Montevideo.
Con buen tino, la central obrera pidió al Estado que en lugar de adquirir bienes importados para su propio consumo, lo hiciera a empresas de producción nacional, porque aunque en primera instancia pueden verse como más onerosas, generarán más y mejores puestos de trabajo y permitirán a su vez un retorno de dinero por concepto de impuestos y aportes. El Pit-Cnt cifró en unos 3.000 millones de pesos lo que gasta en bienes y servicios el Estado.
No obstante, por otra parte, pidió un aumento en los impuestos para financiar mejores retribuciones a docentes y trabajadores de la salud, haciendo hincapié en modelos que precisamente se basan en la exoneración, caso de las zonas francas.
No quedan dudas que esos trabajadores necesitan mejores retribuciones. Pero no son los únicos, aunque es claro que mal de muchos consuelo de tontos. Lo mismo pasa no solamente con otros trabajadores públicos sino también con muchos en la órbita privada.
Y estos no tienen posibilidad de pedirle al gobierno que aumente impuestos para darles mejores sueldos. El aumento de la carga tributaria ha sido históricamente una herramienta de fácil uso que los gobiernos han utilizado. Eso ha llevado a que carga sea enorme, caso del IVA al 23% que lo ubica entre los países de mayor aportación y el segundo en América Latina, después de Brasil. A esto hay que sumar lo que implica el pago del IRPF, un impuesto directamente vinculado con el trabajo, o lo que es lo mismo, con la obligación de aportar por tener un empleo de mediana o alta retribución.
El Pit-Cnt sostiene que lo que pide es la aplicación de medidas progresivas de carácter tributario solamente a los sectores que acumulan mayores ganancias, reduciendo a 350 empresas entre sus objetivos.
Seguramente se ha tomado ejemplo de lo que el propio Poder Ejecutivo recientemente ha hecho con la extensión del Impuesto al Patrimonio para propietarios de grandes extensiones de campo, dinero que en principio se volcará a las intendencias para compra de maquinaria vial.
No obstante, no es el camino. No se trata de recursos genuinos y no pueden financiarse aumentos salariales (por más justos que aparezcan) con impuestos. Los salarios en general no condicen con las necesidades de los trabajadores. Mejor sería que el Estado fuese más eficiente y tuviese unos cuantos miles de funcionarios menos, para con la misma recaudación poder hacer más y además, pagar mejores salarios. Pero eso, por supuesto que no está en la plataforma de la central sindical.