Opinion | 26 Jul Hace pocos días, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, y el subsecretario de la misma cartera, Pablo Genta, dieron a conocer las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo con relación a la reforma del sistema ferroviario, con la idea de presentar en sociedad la empresa ferroviaria que pasará a operar este medio de transporte tras medio siglo de deterioro, para funcionar en el derecho privado, aunque de propiedad estatal.
El Directorio de AFE tiene previsto comenzar lo que se denomina como un “diagrama de flujo” apuntando a explicar a los funcionarios cuales son las alternativas que se plantean para esta reforma, incluyendo un menú de opciones para los trabajadores ferroviarios que actualmente forman parte de la plantilla de la empresa, con tres instrumentos disponibles para los mil empleados que tiene, habida cuenta además de que el sindicato es un fuerte opositor a todo intento de privatizar o siquiera otorgar en concesión áreas del ferrocarril estatal.
Entre otros aspectos, estará en breve a consideración del presidente José Mujica un decreto elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que propone un sistema de retiro anticipado con pago de incentivo a aquellos trabajadores que para el 31 de diciembre de 2014 tengan 58 años de edad y 30 en actividad.
Se trata de casi cuatrocientos funcionarios que recibirán por un máximo de cinco años o hasta cumplir sus 70 años un pago equivalente al porcentaje de su remuneración promedio en los últimos doce meses de 2012, contemplando una propuesta de la Unión Ferroviaria, en tanto un segundo instrumento planteado para la Rendición de Cuentas mejora sustancialmente la redistribución de los funcionarios que serán declarados en cargos excedentes, para reubicación en entes autónomos del Estado y marca que el salario que recibirán no puede ser menor al ingreso promedio del último año antes de ser declarado como funcionario excedente.
A la vez un tercer instrumento consiste en un beneficio especial para los trabajadores que se presenten y sean aceptados a través del llamado que efectuará la sociedad anónima para contratar trabajadores de la actual AFE. De obtener el visto bueno de la nueva empresa, la antigua podrá otorgar seis meses de licencia no gozada para que el trabajador evalúe sus preferencias.
De acuerdo a los objetivos mencionados por el gobierno, lo prioritario para el nuevo ferrocarril será la carga, aunque se apunta a mantener el sistema de usuarios de transporte metropolitano.
Como es notorio, el sindicato que nuclea a los funcionarios del ferrocarril se ha opuesto históricamente –y lo sigue haciendo-- en forma tajante a toda reestructura del ferrocarril que de alguna forma signifique que el Estado pueda ceder total o parcialmente la propiedad o la operación del tren en el Uruguay, por lo que está cerrado a cal y canto a toda figura jurídica que apunte a este objetivo, incluida naturalmente la nueva sociedad anónima.
Este aspecto es precisamente la línea central del mensaje de Rendición de Cuentas en la reestructura enviada por el MTOP para que la sociedad anónima constituida entre AFE y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) pueda operar servicios de transporte ferroviario, y aun cuando el socio del Gobierno es el mismo Estado --la CND es propiedad del Estado, al menos hasta ahora-- ya se han levantado resistencias al proyecto dentro del propio Frente Amplio, que van en línea con argumentos manejados por la Unión Ferroviaria.
Es así que un artículo de la Rendición de Cuentas apunta a habilitar a la empresa de derecho privado para el transporte de pasajeros y el arreglo de vías, por lo que grupos de la coalición de gobierno han señalado objeciones por entender que ello da lugar a un principio de privatización de servicios de AFE que estaban en su totalidad en la órbita pública. Los reparos han sido de tal magnitud que se procura concretar una reunión de bancada para aprobar el proyecto en forma unánime por la bancada del Frente Amplio en comisión para pasar luego el tema al plenario. El punto es que siguen pasando los años y la reforma de AFE sigue dilatándose, porque las posiciones encontradas no solo responden a objeciones del sindicato, sino que también en la fuerza de gobierno se suceden las opiniones contrastadas entre grupos astoristas y los de otros bloques más afines a la postura sindical.
Es así que ni siquiera este proyecto “rebajado” logra generar unanimidad de opiniones, y el Uruguay sigue sin contar con un proyecto viable y de consenso para hacer realidad un ferrocarril mínimamente a tono con los requerimientos de cargas. A su vez, sigue perdiendo decenas de millones de dólares al año, todo porque la reticencia a los cambios y a que el Estado ceda aunque sea parte de la propiedad, parece ser tabú, mientras la producción primaria sigue reclamando la presencia del tren para el traslado de cargas de gran volumen desde el interior profundo del país.
Es de esperar que pese a las trabas internas de la fuerza de gobierno y la postura conservadora del sindicato que defiende a ultranza la gestión de AFE dentro del Estado, se logren en esta oportunidad los acuerdos para dejar de seguir hablando sobre el ferrocarril que debemos tener, y pasar de una buena vez a los hechos.