Opinion | 28 Jul Un decreto presidencial vigente desde el 15 de marzo de 2002, “restringe el uso de vehículos oficiales”, si bien la fundamentación en aquel entonces se enmarcaba en la “contención y reducción del gasto, dada la actual coyuntura adversa que vive el país”.
La iniciativa autoriza “el uso de vehículos oficiales con asignación personal”, en forma exclusiva al presidente de la República, Secretario y Prosecretario de la Presidencia, secretario privado del presidente, Jefe de Casa Militar y Director de la Secretaría de Prensa y Difusión de Presidencia”.
En el segundo punto, se otorga a la Secretaría de Presidencia, la potestad de establecer “las condiciones de traslado de los demás funcionarios, de acuerdo a la necesidad del servicio a su cargo”, y en el tercer punto indica que “el traslado domiciliario de los funcionarios no se considerará estrictamente necesario para el cumplimiento de las responsabilidades públicas oficiales”, salvo excepciones que valorará el Secretario de la Presidencia.
Por aquellos días se conocía la decisión de un alto jerarca, que había cambiado la matrícula oficial del vehículo del organismo que estaba a su disposición por una particular, argumentando que adoptó tal medida en virtud de la inseguridad que sentía al ser objeto de agresiones, generando un rechazo en Presidencia.
Sin embargo, con el correr de los años se comprobó que la normativa no se cumplía. Dos años después de votarla, otro director de un organismo no utilizaba el vehículo oficial a su disposición, sino que usufructuaba otro particular, contratado por la oficina que dirigía.
A mediados del año pasado, fue subido a YouTube un video, donde se mostraba que “cada fin de semana asisten vehículos oficiales a una casa particular donde se realizan rituales umbanda --en Montevideo--, al llegar a la noche le quitan la matrícula y al amanecer, antes de irse se la colocan”.
Estos son solo tres ejemplos, a los que deberá sumarse la polémica generada en los últimos días en torno al director de ASSE, Alfredo Silva, que según el senador colorado Alfredo Solari, tiene contratado un vehículo sin chofer a un costo de U$S 100 diarios, con autorización expresa del organismo. Esta situación ha aportado un mayor escándalo, en tanto se argumenta la falta recursos humanos y de ambulancias en los diversos efectores de la salud.
La utilización de los bienes públicos siempre ha estado en la mira. Mientras la ciudadanía paga su mantenimiento, en general, se ha comprobado un buen uso bastante relativo.
Ahora --al igual que en 1813-- sigue siendo “muy veleidosa la probidad de los hombres”.