Opinion | 27 Jul Tras los sucesos de notoriedad, en que ha estado involucrado y procesado el exsecretario general de la Intendencia Departamental, Dr. Horacio de los Santos, el jefe comunal sanducero Bertil Bentos compareció en la última sesión de la Junta Departamental, en la cual expuso lo actuado personalmente en torno a estos acontecimientos.
Tras la exposición del intendente, y en minoría, con los votos del Frente Amplio –aunque suficientes--, el deliberativo departamental aprobó el juicio político al intendente, por lo que de acuerdo a lo que establece la Constitución, el caso pasa a la consideración del Senado de la República. Allí se necesitan dos tercios del total de los votos para allanarse al pedido de destitución del jerarca municipal sanducero.
Históricamente, este planteo no suele prosperar en la Cámara Alta, salvo casos flagrantes de omisión y/o connivencia del “acusado” comunal con determinados delitos graves, lo que naturalmente no es del caso en el episodio consignado, por cuanto no se desprende ni por asomo de los elementos conocidos e investigados por la Justicia que el intendente haya participado o estado en conocimiento, sino que actuó correctamente desde el punto de vista político, y tras ser informado de los hechos, pidió inmediatamente la renuncia del jerarca involucrado.
Por lo tanto, las responsabilidades penales no existen; pero tampoco aparecen como más o menos claras responsabilidades políticas para quien actuó como deben hacer las jerarquías en cualquier puesto político, y como por ejemplo, hace el presidente con sus ministros de Estado, quienes son “fusibles” y renuncian o son depuestos, cuando se dan situaciones de este tipo.
Sin ir más lejos, recordamos el sonado caso de la Intendencia Departamental de Montevideo, cuando fue procesado el exdirector de casinos Julio Bengoa, sin que se les moviera un pelo a sus inmediatos jerarcas superiores ni al intendente, pese a que se insistió ante la Justicia, en que no podían ser ajenos a los manejos del exjerarca. Y así podrían enumerarse varios casos en los últimos años, sin consecuencias para la jerarquía superior.
Por lo tanto, estamos ante un nuevo episodio de pirotecnia política, de intento de pasar factura de un partido a otro, buscando un golpe de efecto dirigido hacia el ciudadano desprevenido, porque aunque todo quede en nada por improcedente, la mancha queda en la memoria colectiva.
Y seguramente el planteo va a quedar descartado en la Cámara Alta, sin otra consecuencia que un escarceo político más, de los tantos que lamentablemente se dan en nuestro país, entre todos los partidos, tanto cuando son oposición como cuando son gobierno.