Opinion | 29 Jul En las próximas horas ingresará al Parlamento un proyecto de ley, con el cual el Poder Ejecutivo pretende imponer limitaciones a la venta y publicidad de bebidas alcohólicas.
La propuesta que parte de la Junta Nacional de Drogas (JND), luego de varios años de amague, establece la prohibición de cualquier tipo de auspicio de bebidas alcohólicas en eventos deportivos y la participación de menores de 25 años en avisos de promoción.
La iniciativa, que cuenta con 55 artículos que están a consideración del Consejo de Ministros este lunes, extiende el horario de prohibición que actualmente rige entre las 0 y 6 de la mañana.
El objetivo de limitar la edad de los participantes en los spots, es impedir la “publicidad engañosa”, dijo el presidente de la JND, Julio Calzada.
Según el sociólogo, existe “publicidad engañosa cuando se asocia el éxito y la belleza al consumo de alcohol”. Según la realidad, este proyecto llega tarde y después de la regulación del cigarrillo, sabiendo que el alcohol está detrás de otros grandes dramas sociales, como la violencia doméstica o la alta siniestralidad en el tránsito.
Las razones por las cuales ingresa esta iniciativa ahora, se pueden explicar sobre la base de la presión política. El diputado Darío Pérez, que es el voto que faltaba para la regulación del cannabis, dijo que había que ingresar paralelamente una normativa que regulara el alto consumo de alcohol en Uruguay.
Parece que solo con esta condicionante se dio luz verde al ingreso de este proyecto.
El año pasado, el diputado de Alianza Nacional, Mario García, había presentado una iniciativa para su regulación que pasó sin pena ni gloria. Incluso el mismo fin han tenido otras propuestas presentadas en los últimos años por organismos, tales como el Ministerio de Salud Pública.
Sin pretender ser “prohibicionistas y victorianos”, según Calzada, se instrumentarán licencias para vender alcohol, se prohíben las fiestas con “canilla libre” y se promueve la capacitación del personal que trabaja en lugares de venta y consumo.
Con el dinero obtenido por la venta de licencias y el cobro de tasas, se creará la Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas (URBA), que contará con un cuerpo inspectivo y coordinará acciones con el Inau y el Ministerio del Interior.
Sin dudas que deberá aumentar la coordinación porque se dará –también sin dudas-- otro fenómeno que sigue en aumento. Los encuentros en domicilios particulares se organizan para tomar libremente porque el brazo de la ley no puede controlar el consumo.
Y entonces habrá que salir a la calle, para ver con cuánto grado de alcohol nos conducimos. Y ahí –también-- ser implacables, porque si no, este proyecto no alcanza.