Opinion | 01 Ago Desde el año pasado que el gobierno pretende regular un negocio que maneja U$S 130 millones por año: las maquinitas tragamonedas o slots.
Hay 18.000 maquinitas que funcionan de manera clandestina y a pesar de la existencia de un proyecto de ley elaborado por el exsubsecretario del ministerio de Economía, el actual vicecanciller Luis Porto, el director de Casinos, Javier Cha, y un grupo de parlamentarios frenteamplistas, la iniciativa no avanzó en su tratamiento.
La propuesta permite la instalación de tres slots en los bares y los prohíbe en almacenes, autoservicios o supermercados. El proyecto de ley, que aún duerme, dice que “corresponde en primer lugar tener presente que la temática, objeto del proyecto que se adjunta, parte de la premisa de la prohibición histórica de todo juego de azar por parte del ordenamiento jurídico uruguayo, salvo aquel que se halle expresamente autorizado por el Poder Ejecutivo”.
Además, en la exposición de motivos resalta que estas máquinas “estarían obteniendo una recaudación mensual promedio de entre $ 12.000 y $ 16.000 por cada unidad (es decir unos US$ 129.000 anuales). La operación aritmética sorprende y acusa con mayor intensidad si se razona y admite que es una renta que escapa a todo tipo de imposición fiscal”.
¿Realmente sorprende que un negocio ilegal mueva esas cifras? Y en caso que así sea, ¿los altos dirigentes nacionales que pretenden distribuir riqueza y lograr una sociedad más equitativa, permiten sin reclamar al propio gobierno –que integran-- que el tema continúe sin legislarse?
Y si nos amparamos en el discurso que indica que el Estado debe controlar a los evasores, ¿verdaderamente lo creen, cuando las máquinas clandestinas casi cuadruplican a las que controla la Dirección de Casino, que son poco más de cinco mil?
El proyecto reconoce que “desde hace más de una década, se asiste al desarrollo vertiginoso y en completo desorden de una oferta de juego no autorizado en base a la instalación de máquinas electrónicas, que abarca cada vez mayor número y variedad de lugares, sin limitación, garantías o control alguno”.
Y menos mal que reconoce que “ha devenido con el paso de los años en el más pernicioso de los escenarios”, fundamentalmente apuntando a una población vulnerable a estos juegos como jóvenes y adolescentes.
Eso, al menos, es un paso. Pero reconocer el problema, sin legislar ni controlar a los evasores, no sirve de nada. ¿Qué intereses demoran la aprobación de una iniciativa de estas características? Porque hasta el momento, a este gobierno no le ha temblado la mano a la hora de controlar la evasión fiscal de cualquier característica. Y si lo hacen con los slots, seguramente se encontrarán con algunas sorpresitas.