Nacionales | 10 Ago En la apertura del seminario regional “Objeción de conciencia: un debate sobre la libertad y los derechos”, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel Briozzo destacó que solo un 30% de los ginecólogos de nuestro país recurrió a la objeción de conciencia para no efectuar abortos y el 70% restante está comprometido con la despenalización del aborto. En el acto participaron también la representante de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Ana Cristina González Vélez y destacados profesionales del exterior.
El jerarca de Salud Pública reseñó los aspectos legales, jurídicos, el debate social y cómo ha vivido el país los primeros meses desde que está vigente la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
“Para el gobierno nacional, que está en proceso de transformación profunda de las estructuras sociales, este tema es clave. Nosotros tratamos de reforzar los derechos sexuales y reproductivos en base a un denominador común; que las personas puedan decidir en forma consciente qué es lo mejor para su vida y salud”, afirmó Briozzo. Agregó que es necesaria la discusión sobre la objeción de conciencia realizada en el ámbito de los profesionales de la salud y sobre el compromiso con la salud de las mujeres al margen de la convicción de cada profesional sobre el aborto.
“En el contenido de la ley se optó por dejar abierta la reglamentación e introducimos el ítem referente a que aquel profesional que hiciera objeción de conciencia debía hacerlo en la institución que trabajaba. Solo un 30 por ciento de los ginecólogos recurrió a este tipo de objeción. El restante 70 por ciento está comprometido con la despenalización del aborto”, destacó.
El subsecretario resaltó que el Gobierno realizó acciones educativas en el Congreso Médico del Uruguay y en la Universidad de la República, de forma de brindar conocimientos a los profesionales y estudiantes en salud. “La finalidad principal fue delimitar claramente cuándo es objeción de conciencia y cuándo es desobediencia civil o pseudo objeción de conciencia, porque los profesionales de la salud deben ser aliados en este proceso”, explicó.
“Tenemos que dar facilidades frente a una ley que cambia la perspectiva social, cultural y académica para que la transformación sea gradual y no debemos imponer reglas”, añadió. “El resultado en Uruguay ha sido positivo. La apuesta fuerte que hacemos es formar a las nuevas generaciones en una realidad nueva y distinta”, concluyó Briozzo.
El seminario tuvo como objetivo profundizar en los aspectos legales, de salud y de democracia relacionados con la objeción de conciencia. También procura desencadenar o fortalecer movimientos nacionales por el compromiso de conciencia a nivel de América Latina y el Caribe, que contribuyan a mejorar el acceso al aborto legal y seguro en los países, además de impulsar una objeción de conciencia que respete los derechos de los proveedores, responsables de tomar decisiones y trabajadores de la salud.
OPERATIVO POLICIAL
EN POCITOS EXITOSO
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, consideró que fue exitoso el operativo en torno al tiroteo que se generó en el local de El Correo en Pocitos. “Cuando la Policía llegue a tiempo, va a haber problemas”, sostuvo el jerarca. Agregó que “el tiempo de respuesta fue correcto. Toda vez que sea correcto, menos de 10 minutos, los van a agarrar adentro”.
Por su parte, el jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, destacó el operativo como “óptimo”, puesto que transcurrieron solo seis minutos entre que llegó la llamada al 911 y que el primer móvil policial arribó al local. La Policía también informó que se dispararon 31 balas, de las cuales 21 por los delincuentes y 10 por los policías. En tal sentido, Bonomi destacó que los policías “tiraron mucho menos y con gran profesionalidad, de no disparar si no se sabe a quién se está disparando”.
Layera también informó que el disparo que mató al delincuente fue efectuado por uno de sus compañeros, con el arma que le robó a uno de los guardias de seguridad.
Asimismo, Bonomi destacó que fueron erróneas las críticas sobre la falta de equipamiento de los agentes policiales. “Se salió a decir a la ligera que los policías no tenían chalecos. Se han comprado más de 20.000 chalecos. Hay más chalecos que policías. Hay dos policías que podrían estar muertos si no tuvieran chaleco”, señaló. Afirmó que el armamento fue el indicado para el procedimiento. “¿Con qué van a tirar, con metralletas, que no aseguran que (el disparo) se dirige al delincuente?”, se cuestionó. “Lo más indicado es la 9 mm, con lo que entró la Policía”, agregó.
Por su parte, Layera defendió la valentía y el accionar de los policías, puesto que los protocolos de actuación para cuando los delincuentes están dentro de un recinto indica rodear el local, pero como en este caso no se sabía qué pasaba, el efectivo Carlos Rodríguez no tuvo otra opción que verificar, acto que le costó la vida. La investigación determinó que el delincuente abatido tenía varios antecedentes.
NUEVO PROYECTO
DE LEY A MUJICA
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregará un proyecto de ley al presidente José Mujica la próxima semana, que tiene como objetivo prohibir la venta de tierras uruguayas a países extranjeros o a empresas de las que sean socios con destino a la producción agropecuaria. La iniciativa, redactada por el diputado socialista Hermes Toledo, contará de cinco artículos y el Poder Ejecutivo deberá definir el momento cuándo será enviado al Parlamento.
En declaraciones a Montevideo Portal, el director general de Secretaría del MEF, Pedro Apezteguía, dijo que se buscó evitar que la norma obligue a hacer verificaciones sobre sociedades anónimas que resulten impracticables, puesto que en el texto establece la prohibición a cuando los países son socios de empresas “directa o indirectamente”.
Por su parte, Toledo aguarda que el proyecto sea votado en la Cámara de Diputados antes de finalizar el año, puesto que deberá ceder su banca en diciembre al dirigente de la Liga Federal Frenteamplista (LFF), Sergio Mier. Agregó que el objetivo de la medida es la “defensa de la soberanía territorial y de la soberanía alimentaria del Uruguay”.
Asimismo, se creará un fideicomiso con dinero de las AFAP para que el Instituto Nacional de Colonización pueda adquirir más tierras.
NUEVO MÓDULO
EN EL COMCAR
De acuerdo al portal de Presidencia, el Ministerio del Interior anunció que fue inaugurado el módulo 10 en el Comcar, que cuenta con dos módulos iguales con capacidad para 508 personas cada uno y con celdas triples, con gabinete higiénico incorporado. Cada módulo se compone de tres pisos y cada piso tiene dos comedores. También posee duchas dotadas de agua caliente suministrada por calentadores solares de fabricación nacional, que están cubiertos por una placa transparente, como defensa antivandálica, protegiéndolos de roturas por proyectiles o golpes. Los depósitos de agua tienen capacidad para 10.000 litros y surten tanto a los calentadores que proporcionan agua para uso sanitario como al sistema de calefacción que poseen los pisos del celdario.
Con esta obra que insumió 439.341.729 pesos, más la inminente inauguración del módulo 11, que completa esta construcción, serán 1016 plazas que descomprimirán el sistema y suman infraestructura para la nueva gestión penitenciaria. En tanto, para noviembre está prevista la reinauguración del módulo 4, obra reconstruida por los propios internos; serán entonces 1500 plazas más que terminarán de descomprimir la situación. Asimismo continúan a buen ritmo las obras en el módulo 5 y el viejo economato, que pasará a ser el hospital penitenciario, con el trabajo de los propios internos. La situación fue sustancialmente transformada en poco más de un año.
A la primera tanda, compuesta por 157 privados de libertad, le seguirán otros 90 el sábado y 86 más el domingo, para completar los 333 internos que ocupaban los patios de los módulos 4 y 5 que en abril del año pasado fueron dañados tras un motín. Esas locaciones serán ocupadas ahora por los internos que protagonizaron los incidentes del módulo 2 esta semana, bajo estrictas condiciones de conducta que serán impuestas por las autoridades penitenciarias.