Locales | 07 Ago Representantes de varias organizaciones sociales, entre ellas el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de la Niñez y la Adolescencia, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, Cotidiano Mujer y la Comisión Departamental de Lucha contra la Violencia Doméstica, se concentraron pasado el mediodía en plaza Constitución, frente al Poder Judicial.
Posteriormente, se dirigieron al edificio sede de los juzgados, donde entregaron una declaración, la que fue recibida por la actuaria Lilian Rodríguez. En el documento pidieron a las autoridades judiciales que “se adopten todas las medidas de investigación necesarias para dilucidar los hechos de explotación sexual de adolescentes en Paysandú, considerando especialmente que se trata de hechos que vulneran los derechos humanos, por lo que su tratamiento ha de ser priorizado por la justicia”.
También pidieron que “se tenga especialmente en cuenta el testimonio y las necesidades de las víctimas, implementando los mecanismos necesarios para que sean oídas en condiciones dignas y seguras y para que participen en el proceso asesoradas jurídicamente y atendidas desde el punto de vista psíquico y social”.
La declaración dejada en la sede judicial solicitó también que “se dispongan medidas de protección frente a posibles represalias o amenazas, en virtud del poder que ostentan los involucrados y las repercusiones que los hechos han tenido en los ámbitos social y político”.
Se hizo especial hincapié en que “se condene a los actores de estos hechos en forma equivalente a la gravedad de los mismos, ya que su minimización de invisibilización contribuyen a la naturalización y legitimación social de conductas intolerables” y se pidió que “se aplique en todos sus términos la Convención de los Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés) y la Convención de Belem do Pará así como la ley 17.815 y las que reconocen los derechos a las víctimas de crimen organizado (leyes 18.026, 18.494, 18.914) teniendo en cuenta las directivas de Naciones Unidas sobre derechos de niños víctimas y testigos ante la Justicia”.