Locales | 11 Ago El edil nacionalista Javier Pizzorno refirió a la aparición de armas de grueso calibre en poder de los delincuentes, afirmando que en algunos casos ello ha sido “porque dentro del Ministerio del Interior vendían las armas --que ellos recibían sin impuestos y pagaban en cuotas-- a los civiles a precios de mercado y al contado. Entonces después tenían que arreglar este problema, que regularizaron de apuro”.
Sostuvo su criterio de que “hay que legislar en este sentido, porque el problema está en que todo queda en ‘medias tintas’, cuando se debe respaldar y obligar a los jueces. No puede ser que las penas de los delincuentes tengan tope porque terminan en 30 años hagan lo que hagan: tienen que ser sumatorias y que lleguen a los 200 años o sea que resulte cadena perpetua. Es más: no tengo miedo en decir que, si se llega a ese máxime, se aplique la pena de muerte”.
Pizzorno preguntó “¿por qué tenemos que seguir alimentando una lacra de la sociedad que no tiene recuperación ninguna y no se sabe qué se va a hacer con ella porque complican hasta en la cárcel? Digo esto le guste a quien le guste, y a quien no le guste. Hay que hacer que sepan que el respaldo (del Estado) es a la sociedad, al ciudadano, que no se respalda al deliNcuente, sino que a éste le va a caer todo el peso de la ley y que ésta va a ser muy dura”.
También citó que “el intento de rapiña no se considera delito (si no se llega a la rapiña no se configura delito) cuando un intento debería ser igual a una rapiña. No es lo mismo, pero debe tener la misma pena porque la intención fue esa. Hay que legislar y ser más duros con las penas, porque al no hacer lo que se debe hacer es que estamos así como estamos. Si dicen que las armas se venden en la feria de Piedras Blancas, que la den vuelta, ya que ni siquiera en ella se paga impuesto de nada y venden cosas robadas. ¡Basta de contemplaciones! ¡No se puede ser tibio para terminar con la delincuencia! No se toman medidas por temor no se a qué, pero es así porque la gente lo está pidiendo”.
Solicitó que sus palabras sean enviadas al Poder Legislativo, Poder Judicial y a conocimiento de la sociedad en general.