Opinion | 09 Ago Los trágicos hechos registrados recientemente en Pocitos, en los que tras un sangriento tiroteo --que parecía guionado como en las tradicionales producciones de Hollywood-- ponen de relieve, por si había alguna duda, que la delincuencia ha crecido a límites como nunca antes vistos en nuestro país. Aunque las cosas negativas pueden tener su lado positivo, y es que los grupos “románticos” de izquierda que atribuían el problema a la situación social heredada de políticas neoliberales de los años 90, ya no convence a nadie.
Más aún, que se requieren instrumentos acordes a la dimensión del desafío y consecuentes acciones en varias áreas, empezando por el tratamiento a dar a una minoridad desenfrenada e impune, que delinque a edades inverosímiles a la luz de escenarios que no han vivido quienes provienen de otras generaciones, y por otro lado que es evidente que el instituto policial no cuenta con recursos humanos y materiales, así como instrumentos legales para combatir eficazmente a los profesionales del delito.
Así, en el caso de los menores protagonistas del homicidio y asalto a mano armada, se da que no solo no se los rehabilita, sino que tampoco se les contiene adecuadamente para por lo menos poner a la sociedad a resguardo de sus despiadadas incursiones delictivas, porque jueces en extremo benignos y una legislación absurda, que pretende “proteger” hasta a asesinos de la peor calaña, lo que hace es mantener en la calle a quienes no vacilarán en robar, agredir y asesinar a la vuelta de la esquina, sabedores de su impunidad a toda prueba.
Tenemos que el historial policial de los dos menores de 17 años que participaron en la sangrienta rapiña del barrio Pocitos que terminó con dos muertos, denota que también en esta oportunidad aparecen baches característicos del sistema penal adolescente como penas cortas ante delitos graves y fugas reiteradas.
Uno de ellos, con 12 años, fue detenido por lesiones personales, pero el juez se lo devolvió a su familia. Cuando cumplió 16 volvió a ser detenido por desórdenes y a comienzos de este año --ya con 17-- cometió en marzo una rapiña y fue detenido por ello. Un mes después estaba en libertad y fue detenido por la Policía el 25 de abril. Un mes después, el 21 de mayo, estaba libre otra vez y seguía libre el pasado 5 de agosto cuando entró al Correo a sangre y fuego.
El otro menor cometió un homicidio con 15 años, un delito que puede ser penado con hasta 5 años. Los partes policiales no dan detalles de la sanción que se le aplicó en esa oportunidad, pero 10 meses después fue detenido por la Policía en la calle el 2 de octubre de 2012, y volvió a encontrarlo en la calle una semana después el 8 de octubre. En febrero de 2013 fue detenido por cometer daños y ese mismo día registra otra anotación (pudo ser por fugarse del juzgado o del INAU). El 23 de abril la Policía volvió a detenerlo, pero es un hecho que estaba libre el 5 de este mes cuando protagonizó la sangrienta rapiña del Correo de Pocitos.
El común denominador de “reprimendas” por delitos graves ha sido así, quedando en libertad y entregados a sus padres para seguir en la senda del delito, sabedores además los jueces de que ese menor no se rehabilitará ni por asomo. En realidad se estaba dejando en libertad a quienes poco tiempo después volverían a tomar a la sociedad como víctima de sus tropelías.
Estamos ante muestras de hipocresía por varios lados y omisiones implícitas y explícitas ante un sistema que no da respuestas y que por ahora ni siquiera cuenta con un diagnóstico que permita encaminar acciones para ir reparando los grandes agujeros que han llevado a esta situación con episodios como el del trágico tiroteo.
Encontramos entonces que de a poco la conmoción se va superando y todo vuelve a ser como antes, para sacudirnos nuevamente cuando se de otro insuceso de similares características.
Queda harto demostrado que no se trata solo de esperar que den resultado políticas sociales que supuestamente van a permitir superar la marginación –es notorio que estamos sobre todo ante políticas asistenciales que no van al fondo de la cuestión— sino que se requieren respuestas puntuales que implican cuota parte de contención, represión y rehabilitación, porque estamos ante un núcleo duro de delincuencia, integrada por menores y mayores, que tiene un modus vivendi imposible de modificar en el corto y mediano plazo, que se sienten protegidos –y lo están-- por la benignidad de las leyes, y que hay un submundo en el que medran y se abastecen.
Pero lo que no hay que hacer, seguramente, es seguir en la actitud impasible de sectores del gobierno que siguen apostando a la “política social” y no quieren ver lo que rompe los ojos, en cuanto a que se necesitan instrumentos de prevención y disuasión efectivos, así como de penas, que no dejen a los asesinos nuevamente en la calle a los pocos días de ser detenidos, porque el mensaje que reciben a diario es que “no pasa nada” y que siempre rinde sus frutos seguir robando y asesinando a cuenta de políticas que consideran que quien así actúa es la víctima y no el verdugo.