Opinion | 09 Ago Esta tarde en Montevideo se realizará una marcha contra la inseguridad ciudadana, después de los últimos cruentos hechos delictivos, y tras conocerse las cifras del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, que confirmaron 136 homicidios en el primer semestre del año. En una población de 3.300.000 habitantes. En el mismo período, en Nueva York, con 8.300.000 habitantes, hubo 154 homicidios.
La marcha es en reclamo a los poderes del Estado para que los ciudadanos comunes y corrientes sean protegidos y se detenga el dolor de niños huérfanos y de familias destrozadas. Los marchantes demandarán al Poder Legislativo una legislación fuerte y contundente contra la delincuencia; al Poder Ejecutivo que actúe con mano firme en el marco de la ley y en defensa de la sociedad; y al Poder Judicial para que juzgue con todo el peso del marco legal.
En tanto, actores políticos piden la renuncia o remoción del ministro del Interior, Eduardo Bonomi y el presidente José Mujica lo defiende a rajatabla, pidiendo en lugar apoyo y refuerzo a su figura.
Y el propio Bonomi reconoce que los resultados no son los esperados ante el crecimiento de la delincuencia y la inseguridad, destacando los últimos logros en el campo del combate a drogas ilícitas, pero sin reconocer responsabilidad alguna ante la ola de delitos y muertes.
En realidad, debe quedar bien claro que si bien el ministro debe estar haciendo todo lo posible, al máximo de sus capacidades y de las de su ministerio, para enfrentar a la imparable ola de delincuencia, la responsabilidad política claramente sí es suya.
Para poner un ejemplo cercano, así lo entendieron en la Junta Departamental con el escándalo de la casita del parque y con la deuda con la DGI de la Semana de la Cerveza, apuntando a la responsabilidad política del intendente Bertil Bentos.
No tiene lógica pensar que a nivel departamental se aplique una vara y a nivel nacional una medida diferente. La responsabilidad política es del ministro Bonomi, que a ese nivel ha demostrado inoperancia, tal y como lo reclama la ciudadanía, tal y como sectores que nada tienen que ver con la política partidaria lo refrendan. Y debe hacerse cargo, aún cuando el propio presidente Mujica sea su mejor y más empedernido defensor.
La realidad no puede maquillarse y el notorio avance de la delincuencia, con mejor armamento y mejores equipos que la propia Policía, es una enorme preocupación porque parece imparable. No es tarea sencilla, y claramente todos los poderes del Estado deben trabajar coordinadamente. Pero el ministro del Interior no puede quitarse la responsabilidad política. Por el contrario, debe hacerse cargo. Es lo que corresponde, incluso por encima de Mujica dixit.