Opinion | 12 Ago Durante largo tiempo, el gobierno --ejecutivo y mayoría parlamentaria-- ha estado ocupado en la diligenciación de temas que distan un abismo de estar en la agenda diaria del ciudadano como tema de preocupación o por lo menos de ocupación, y que refieren en cambio a colectivos integrados por una mínima parte de la población, en el mejor de los casos.
Esta sola mención hace que se los pueda catalogar como de prioridad secundaria o terciaria, como es el caso de la ley de legalización y regulación de la marihuana, o la ley que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo, por citar solo dos temas conocidos por prácticamente todos los ciudadanos ante el largo período en que han estado en el candelero.
Como bien se ha señalado en determinados círculos, el Uruguay está tratando temas que parecen sacados de la agenda de los países nórdicos, que como es sabido gozan de un muy buen nivel de vida y están además muy avanzados culturalmente. Con gran parte de sus problemas resueltos, se pueden ocupar de temas secundarios, pero no es el caso de Uruguay, con sus problemas crónicos de país subdesarrollado, donde hay necesidades básicas insatisfechas para un alto porcentaje de la población, sobre todo niños y grupos más desposeídos.
Sin temor a equivocarnos ni pecar de injustos, debemos señalar que el Poder Ejecutivo y el Parlamento han dedicado mucho tiempo, demasiado, a ocuparse de temas de segundo orden para la enorme mayoría de la población, y se ha desinteresado, por lo menos, en ocupar su tiempo en atender y tratar de promover respuestas para los grandes problemas sin resolver que tiene el Uruguay y que comprometen el presente y el futuro, como es el caso de la enseñanza, la inseguridad y la salud, nada menos.
Tenemos que la “avanzada” legislación sobre la marihuana, que es un experimento para ver qué pasa --como ha señalado una y otra vez el presidente José Mujica-- nos ha ubicado como centro de atención del mundo precisamente por hacer lo que otros no hacen en sus propios países y en cambio aplauden que lo hagamos nosotros, que somos un país pequeño y donde habría menos que perder ante un eventual fracaso.
Así, el país pequeño con delirios de ser grande tiene su momento de gloria, pero no precisamente por algo que valga la pena para su población, que requiere respuestas en los temas que realmente preocupan al ciudadano desde hace mucho tiempo, y respecto a los cuales en gran medida se sigue haciendo la vista gorda.
Sobre todo el caso de la salud es paradigmático --no el único-- porque a través del Fonasa se le vuelcan recursos como nunca, e incluso en el área estatal ha descendido el número de usuarios, sin que a la vez ello se haya traducido en una mejora en la atención o siquiera en la coordinación de servicios.
Incluso la fuerza de gobierno en el Parlamento ha rechazado sistemáticamente que se investiguen a través de una comisión investigadora las denuncias del senador colorado Alfredo Solari, aduciendo que hay en curso investigaciones administrativas, cuando todos sabemos que en estos casos de mala praxis se barre hacia adentro, en el mejor de los casos, en tanto una investigadora parlamentaria tendría otra actitud y otros medios para llegar al fondo de lo ocurrido.
Hay una notoria falta de transparencia, autocomplacencia e intento de ocultar deficiencias, que significa solo que se quiere seguir haciéndose trampas al solitario respecto a un sistema de salud en el que el ciudadano sigue sin encontrar respuestas a sus necesidades, pese a contarse con más recursos, que son por lo tanto mal utilizados y van a dar a otros destinos que no son para atender la problemática del usuario.
Sin ir más lejos en Paysandú se han conocido denuncias sobre problemas de atención en dependencias de ASSE, como el Hospital Escuela del Litoral, donde hace poco tiempo falleció una paciente cardíaca y sus familiares denunciaron serias deficiencias en la atención, e incluso en la coordinación de ambulancias que deben venir desde Salto a trasladar a los pacientes. Todo ello denota que hay una gestión con serios problemas, y que refieren tanto al sistema como a las personas encargadas del manejo de las dependencias, y que son las que tienen la responsabilidad, naturalmente. Es notorio además que hay serias deficiencias e insuficiencias en la atención por especialistas, que es un problema crónico al que no se han dado respuestas, y a ello se agrega déficit en relacionamiento con el cuerpo médico, con partes enfrentadas y sin que de ello derive nada bueno para el usuario, que ha quedado en medio del diferendo.
Y de nada vale hacer de este tema un asunto meramente político, cuando la salud no tiene color político y tampoco debería tenerlo la gestión de los organismos que deben velar por ella. El desafío, lo que debe hacerse, es asumir que hay problemas, enfrentarlos, llegar a un diagnóstico y promover respuestas trasladando los planteos a los ámbitos de decisión que están omisos en el gobierno nacional, porque el ciudadano necesita respuestas a sus problemas y no excusas ni mecanismos de autodefensa a ultranza de los responsables políticos.