Opinion | 16 Ago En las últimas horas se divulgó el contenido del informe del Tribunal de Cuentas de la República en relación al contrato suscripto entre Antel y la Intendencia Departamental de Montevideo respecto a la construcción por el organismo de las telecomunicaciones del estadio cerrado Antel Arena, en la capital, el cual tiene carácter “lapidario” respecto a la improcedencia jurídica de este emprendimiento a través del ente.
Sin embargo la presidenta de Antel, Carolina Cosse, dijo al programa En Perspectiva de El Espectador que el proyecto de construir el complejo Antel Arena donde estaba el Cilindro sigue adelante a pesar de la objeción de la obra por parte del Tribunal de Cuentas, que la consideró fuera del rubro de actividad de la telefónica estatal.
Con la soberbia característica de quien hace lo que se le antoja porque puede, la jerarca indicó que la declaración del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), que catalogó de inconstitucional al complejo multifuncional que se va a construir en el predio del ex Cilindro Municipal, “no es un fallo ni una sentencia, es un informe a solicitud de la minoría de ediles en la Junta Departamental de Montevideo” y por tanto “no es vinculante” ni tiene consecuencias jurídicas.
Cosse señaló que cuando reciba el informe del tribunal “se analizará en profundidad”, pero advirtió que Antel está “muy sólido” en cuanto a la capacidad de realizar el trabajo. “Contamos con el respaldo de nuestros servicios jurídicos y hasta un estudio del tema elaborado por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República que respalda la constitucionalidad y la capacidad de hacer el emprendimiento”, indicó.
Por supuesto, siempre hay un trasfondo político por sobre los criterios técnicos con que deberían definirse estas diferencias de concepto, y no puede extrañar que el Tribunal de Cuentas se haya pronunciado de esta manera con los votos a favor de los tres representantes de la oposición en el organismo, más su presidente, que no representa a ningún partido, y en contra lo hayan hecho los representantes del Frente Amplio.
Es decir que lo eminentemente jurídico ha sido dejado de lado por concepciones político-ideológicas, y se ha mantenido de esta forma en el debate, según del lado que se mire. Pero no puede ponerse en duda que desde la presidencia de Antel y desde el propio gobierno se menosprecia la capacidad de análisis del ciudadano medio, ese que legítimamente y obviamente se preguntará qué hace Antel poniendo plata de todos los uruguayos para un fin que no tiene nada que ver con las telecomunicaciones y menos con los intereses del país, porque se trata de un proyecto de y para los montevideanos, por una inversión de entre cuarenta y sesenta millones de dólares, nada menos.
Es decir que no se necesitaba ningún informe del Tribunal de Cuentas para asumir que la “inversión” carece de toda legitimidad, no solo porque nada tiene que ver con los objetivos de la empresa estatal --que se beneficia con el monopolio en muchos de los servicios que brinda-- sino porque apunta a un interés político, que es regalarle a la intendencia capitalina una obra faraónica pagada con la plata de los usuarios.
Este costo adicional, dinero que se extraerá de las ganancias del ente “de todos los uruguayos”, podría servir para mejorar los servicios que brinda, o mejor aún, abaratarlos, porque como empresa del Estado no persigue fines de lucro.
Pero además no es de recibo que se compare las colaboraciones, muy menores, por cierto, del organismo con algunos emprendimientos culturales del Interior, cuando se va a gastar una millonada en dólares en hacer un estadio a nuevo en Montevideo, tras el derrumbe del Cilindro Municipal, porque la Intendencia capitalina no cuenta con recursos para hacerlo y recibe así el salvataje de un organismo nacional, en una clara demostración de que para los montevideanos, Montevideo es sinónimo de Uruguay y lo demás es solo el patio trasero de la capital.
Es decir que estamos ante decisiones eminentemente políticas, agravadas por su corte netamente centralista, como tantas sinrazones que se han dado en nuestro país con todos los gobiernos, sin excepciones.
En el caso de Antel, precisamente, en su momento se levantó la Torre de las Telecomunicaciones, a un costo de más de cien millones de dólares de aquella época dentro de un plan de rehabilitación urbana de más de 400 millones de dólares que se dio a conocer como Plan Fénix, que finalmente se frustró. Sin embargo el puntiagudo y por cierto feo edificio permanece frente a la bahía del puerto montevideano como un monumento inequívoco a la opulencia y el centralismo.
Sin embargo al menos en este caso se trata de un edificio que presta alguna utilidad para el funcionamiento del ente. Pero un estadio para Montevideo, para disfrute exclusivo de los capitalinos y sin que se derrame una migaja en mejora de servicios, es definitivamente el lujo de la miseria y una burla hacia los uruguayos del Interior, los eternos postergados.