Opinion | 22 Ago La contaminación urbana, en sus diferentes manifestaciones, suele tener un grado de visibilidad y generar niveles de preocupación más evidentes que la contaminación que se produce en el medio rural.
Generalmente, es en las ciudades donde existen grupos organizados que trabajan por la mejora del medio ambiente o a partir de denuncias de situaciones que consideran deben ser modificadas o ameritan la intervención de las autoridades correspondientes.
En cambio, por las propias características de la campaña y sus pobladores, así como la existencia de mayores dificultades para el acceso a la información y a estrategias para dar visibilidad a las preocupaciones locales, los problemas ambientales no siempre tienen la misma trascendencia pública.
Existen excepciones, como es el caso en nuestro departamento, del Grupo de Vecinos de Guichón que trabaja en forma voluntaria por los temas ambientales y que se han vuelto un referente para los pobladores de la zona en lo que refiere a canalizar por su intermedio, distintos problemas del medio rural, tales como el mal uso de agroquímicos y la contaminación de cursos de agua.
Este grupo ha logrado desarrollar contactos con los medios de comunicación y conoce los mecanismos para presentar denuncias y llegar a las autoridades, requiriendo su intervención en el marco del cumplimiento de sus competencias; ha colaborado para concretar inspecciones más frecuentes para determinadas situaciones y fueron recibidos por distintas autoridades para presentar inquietudes de la zona, o motivaron para que éstas vengan a comprobar la situación in situ.
El empoderamiento de la sociedad civil en estas cuestiones es algo beneficioso porque permitirá optimizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos así como el ejercicio de la participación en las cuestiones que, de una u otra forma, nos competen a todos.
No obstante, pensar en la sustentabilidad y la calidad ambiental de nuestro territorio implica otras cosas, como la puesta en marcha y cumplimiento de mecanismos e instrumentos que permitan reducir el potencial contaminante de las actividades productivas, industriales y humanas.
En este sentido, genera expectativa el anuncio de los ministerios de Industria y Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en cuanto a que en setiembre comenzará la construcción del primer sitio de disposición de residuos industriales contaminantes en Uruguay, que estará ubicado en un predio de 9,4 hectáreas linderas a la usina municipal de Felipe Cardozo y al que todos los tambos, feedlot e industrias químicas, entre otras, estarán obligadas a enviar sus residuos.
Como siempre, el cuello de botella de estas cuestiones refiere a la posibilidad de control de las disposiciones, por lo que el Estado deberá prever y agilizar los mecanismos de fiscalización disponiendo de los recursos necesarios para ello.