Opinion | 18 Ago Lamentablemente, el gobierno insiste en responsabilizar a otros respecto a problemáticas que lo deberían tener como principal protagonista, teniendo en cuenta que involucra situaciones que responden al interés general.
Sin dudas existe un tufillo de soberbia apreciable que suele ser el pecado de quienes se encierran en el micromundo del poder, y consideran los puestos de gobierno como una tribuna desde la que se pueden dictar sermones de tipo filosófico, endilgando otros muchas de las culpas propias.
En este contexto, en las últimas horas se han conocido nuevas manifestaciones de la tensión existente entre el gobierno y las cámaras empresariales, e incluso el presidente José Mujica recriminó a los empresarios que no vuelcan recursos a la sociedad, en tanto éstos respondieron que están abocados más que nada a subsistir.
A pocos días que en el Consejo de Ministros integrantes del Poder Ejecutivo criticaran el documento “Aporte para una mejora: La competitividad y el desarrollo de Uruguay” firmado por cinco cámaras empresariales (Industrias, Comercio, Mercantil y Asociación y Federación Rural), el mandatario salió al ruedo señalando que la “responsabilidad social abunda por su ausencia en Uruguay”. Además calificó como un “mecanismo fraudulento” el sistema de exoneraciones fiscales previsto para los que hacen aportes económicos al sistema educativo “(¿?)
Mujica dedicó su audición radial en M24 a reflexionar sobre la falta de solidaridad en la sociedad uruguaya y fustigó a los empresarios, porque “desgraciadamente en el Uruguay no abunda la solidaridad de quienes, por razones económicas, podrán renunciar a parte de sus ganancias para volcarlas a la sociedad”, expresó.
Sostuvo que en otros países, los empresarios “cultivan la responsabilidad social (y) gastan una parte de sus ganancias en devolverle servicios a la sociedad. Lo mejor que nos podría pasar es tener un empresariado que notoriamente hace un esfuerzo real a favor de las infinitas carencias sociales”.
“Para que algunas empresas contribuyan a veces con intentos sanos de enseñanza privada, a veces en cuestiones deportivas o aportes sociales, hubo que inventar el fraudulento mecanismo de canjear eventuales apoyos que se contabilizan por equivalencia fiscal. Es decir, tales impuestos son sustituidos por tales aportes.
Y esto como línea en el fondo lo que establece es que sigue siendo el Estado el que contribuye en cuestiones sociales”, opinó el mandatario.
En realidad el que contribuye es el ciudadano común, el que paga sus impuestos al Estado y a las empresas por compras de bienes y servicios al tener éstas el costo adicional que les impone el gobierno para desenvolverse. El Estado no tiene recursos propios, sino que se nutre del aporte de cada ciudadano, tanto del que recibe como del que no recibe “solidaridad social” y al contrario, muchas veces debe sobrecargar su esfuerzo para pagar asistencias sociales a sectores que no hacen mucho para salir de su situación, porque simplemente desde el Estado se siguen aplicando políticas asistencialistas que no los alientan a ingresar al circuito formal ni a buscar empleo.Por cierto que en sectores del gobierno, además del dejo de soberbia, se sigue padeciendo de una ceguera ideológica que no le permite ponderar en su real dimensión hasta donde van las responsabilidades de cada uno, porque se pide “solidaridad” a las empresas, lo que está bien, pero a su vez no hay “solidaridad” de parte de un gobierno que no ha sido austero ni nada que se parezca, y sigue transfiriendo más costos a las empresas y a toda la sociedad en aras de seguir aumentando el gasto público.
No puede extrañar por lo tanto que el presidente de la Cámara de Industrias, Javier Carrau, saliera al cruce de las declaraciones de Mujica y dijera a El País que el mandatario habla de repartir ganancias, pero no tiene en cuenta que “ante la pérdida de competitividad que ha habido, muchas empresas no tienen ganancias para repartir y están abocadas a subsistir”.
Según el empresario, “se sigue desviando el tema” cuando lo realmente importante es buscar soluciones a la competitividad del sector empresarial.
Y este es precisamente el punto, porque el dinero que se reclama como “responsabilidad social” a las empresas se detrae antes por el propio Estado al no dar el marco que necesitan los emprendimientos nacionales para exportar o vender bienes y servicios en el mercado interno, por los altos costos en la energía, servicios, impuestos y cargas sociales, todo lo que afecta la rentabilidad.
No es de recibo entonces que prominentes portavoces del gobierno pongan cara de “yo no fui” y reclamen respecto a problemáticas que son de su exclusiva responsabilidad y que no han sabido o querido resolver, porque tienen otras prioridades.