Opinion | 24 Ago En las últimas horas el Tribunal Especial integrado para pronunciarse sobre las recusaciones por prejuzgamiento presentadas contra cuatro de los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia rechazó los planteos formulados por cuatro fiscales, hace tres meses.
El cuestionamiento surgió de los fiscales ante expresiones del ministro Jorge Ruibal Pino, en el sentido de que los jueces y fiscales que tramiten causas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura encontrarán “una muralla” en la Suprema Corte ante sus planteos.
Debe tenerse presente que este comentario fue vertido por el magistrado a mediados de abril en rueda de prensa, cuando había estallado la polémica en torno a si las indagatorias pueden continuar o no luego de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declarase inconstitucional la ley que modificó la prescripción de los crímenes cometidos por militares y policías durante la dictadura, lo que ha sido sostenido por la SCJ.
Pero los fiscales se sintieron tocados por lo que consideraron expresiones de “prejuzgamiento” y el tema fue llevado al Tribunal Especial, que rechazó su planteo.
Sin dudas, el Tribunal Especial ha puesto las cosas en su sitio, ante una problemática que se forzó a partir de la decisión de los parlamentarios del Frente Amplio de llevar adelante como fuera el proyecto de ley que fue declarado inconstitucional, sobre lo que ya les habían advertido varios constitucionalistas a los promotores, los que igualmente, por motivaciones politico-ideológicas, siguieron adelante y aprobaron la norma.
No puede extrañar por lo tanto que la Suprema Corte haya ido desestimando las acciones judiciales que siguieron adelante y que se enmarcan en esta inconstitucionalidad flagrante, por más manifestaciones y actos vandálicos ante el máximo órgano de justicia en el país que promuevan los grupos radicales.
Es que existen grupúsculos extremistas que pretenden hacer valer su ideología y muchas veces su sed de venganza, por encima de lo que ha laudado la ciudadanía, cuyo pronunciamiento los tiene sin cuidado.
Y lo último que debe hacerse es seguirles el juego, cuando hay dentro de la fuerza de gobierno sectores fácilmente permeables y que son afines a seguir los eslóganes simplistas y al reclamo de “justicia”, sin tener en cuenta que todo lo que se haga debe estar apegado a la ley y el ordenamiento institucional vigente, como única garantía para la vigencia del Estado de derecho.