Opinion | 23 Ago Sin dudas que el gobierno, el país, los uruguayos todos, estamos perdiendo por lejos el partido de la seguridad, y las soluciones que se han ensayado, de carácter puntual, han fracasado o han sido efímeras ante una delincuencia precoz y que va in crescendo en cuanto a ferocidad y lo que es peor, impunidad por falta de acciones efectivas de los organismos del Estado al respecto.
Viene al caso traer a colación reflexiones del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, vertidas a El Observador, con relación a esta problemática, que indudablemente tiene muchas aristas, a cual más importante y de mayor incidencia en cuanto a crear la sensación de inseguridad que había empezado en Montevideo pero que se ha extendido a todo el país, incluso a las localidades más pequeñas.
Al ser consultado sobre la situación del sistema penal, Pérez Manrique dijo que “la pregunta que me hago es ¿dónde están las políticas preventivas? En el país no hay políticas preventivas para que no siga habiendo nuevos adolescentes infractores”.
“Ingresamos a esta situación diciendo que había un grupo de infractores que entraban por una puerta y salían por la otra de los juzgados y del INAU. La respuesta fue asegurar que no se nos escapen. Hoy tenemos el nivel más bajo de fugas de los últimos tiempos, y nos están diciendo que el 50 por ciento de los ingresos son reincidentes”, apuntó.
“Nos están diciendo que hay un aumento de la franja donde había una menor cantidad de infractores, de entre 13 y 15 años, que también allí se da un aumento de adolescentes privados de libertad”, precisó, para acotar que a su juicio ello significa que “hablando con una metáfora tenemos una fábrica de delincuentes juveniles que está funcionando a pleno. Y la sociedad no ha podido hasta ahora tener respuestas a través de las políticas sociales, de la educación, no ha podido ponerle un dique de contención a este crecimiento abrupto de infractores”.
Consideró el magistrado que deben abordarse políticas preventivas ante esta realidad, ante una gran fractura social pese al buen momento económico, y destacó que el Estado ha fracasado en la prevención y en la contención para evitar reincidencias.
Precisamente este es el punto, porque no hay rehabilitación, y tanto las cárceles como el INAU no reeducan ni contienen. Sobre todo a los menores, que son sobreprotegidos por una legislación absurda, permisiva y que consagra en los hechos la impunidad de los infractores, cuando parte de la base de que los niños están para hacer valer sus derechos y para “jugar” en lugar de aprender y trabajar, que es más sano que robar, drogarse y vagar.
Lamentablemente, pese a tratarse de aspectos muy conocidos y a los que nos hemos referido en numerosas oportunidades, sigue la apatía desde el gobierno para tratar el tema sin preconceptos ideológicos, para ir dejando de lado su postura irracional --promovida desde el Ministerio del Interior de José Díaz, durante la Administración Vázquez--, de que las verdaderas víctimas son los delincuentes, quienes actúan así porque la sociedad los ha marginado.
Recientemente el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, reafirmó esta concepción, e insistió en la culpa de la prensa y en las agencias de publicidad porque alientan el consumismo y hace que los jóvenes de menores ingresos de la población “tengan” que salir a robar para acceder a los bienes que de otra forma no podrían tener. Una reflexión que no sorprende de quien viene, pero marca a las claras el verdadero problema de este gobierno, que es que no puede sacarse la venda sesentista que le impide ver la realidad.
Es decir, que pretendiendo justificar lo que no hace el gobierno para cambiar este estado de cosas el secretario de Estado cortó grueso y situó a todos los pobres de este país como potenciales delincuentes, cuando es una minoría la que sale a robar y matar (supuestamente) influenciada por la publicidad, en tanto muchos otros miles han optado por el camino del trabajo y el esfuerzo para acceder a ingresos que les permitan mejorar su calidad de vida.
Este discurso perimido no resiste ningún análisis, y es solo una expresión de deseos para no dar el brazo a torcer respecto a hechos que son desmentidos por la realidad de todos los días.
Lo que debería hacer el gobierno, por el contrario, es asumir las cosas como son, y mientras espera los resultados de lo que supuestamente se está haciendo en el área social, se aboque a algo realmente efectivo para hoy, aplicando represión donde sea necesario y actuando con énfasis en la disuasión y la prevención, en lugar de dejar que los delincuentes sigan obligando a los uruguayos a encerrarse cada día más.