Opinion | 24 Ago Sin dudas que el manejo que hizo el Ejecutivo Departamental en el sonado caso de la deuda que se ha generado con la Dirección General Impositiva (DGI) por los aportes no vertidos correspondientes a la última edición de la Semana de la Cerveza ha sido, por decir lo menos, desprolijo e incongruente, y entre otras posibilidades tal vez se pensó que no iba “a pasar nada” si no se cumplía con este aporte.
No corresponde a la forma en que deben manejarse las cosas por un gobierno, y cualquier excusa que se ensaye no es más que eso, una grosera y absurda excusa que sólo demuestra improvisación y pésima administración, por cuanto de haber sucedido los hechos en la órbita privada a esta altura la empresa que así procediese ya hubiese sido ejecutada por la DGI y probablemente ya no existiría.
Pero por otro lado el tratamiento que se hizo del tema en la Junta Departamental también fue un cúmulo de desprolijidades, de contradicciones y de pasaje de facturas políticas, sobre todo desde la oposición, que como ocurre desde siempre en el mundo de la política, trató de sacar partido de este paso en falso del Ejecutivo Departamental, con planteos con y sin fundamento.
Por otro lado está subyacente el verdadero problema, que es la voracidad fiscal del gobierno nacional y las diferencias en el trato entre la República de Montevideo y los suburbios del Interior. Y ello nos lleva a razonar a que por más que se le dé vueltas al asunto, las necesidades “aprietan” más en el Interior, porque mientras por un lado se exonera de aportes a espectáculos que se desarrollan en la capital, como fue el caso del espectáculo de Elton John, según denunció el diputado colorado Walter Verri, en el Interior no se vacila en caer con todo.
Sin embargo, nadie puede ignorar que la Semana de la Cerveza es un aporte departamental y regional de gran importancia para la promoción del turismo y la captación de visitantes de la región, que se hace no sin poco esfuerzo desde el Interior y que en lugar de castigársele con cargas fiscales, debería ser exonerado y hasta estimulado en cuanto a bajar los costos para que se logre una mayor jerarquía, teniendo en cuenta que el interés de la Intendencia --del partido que sea--, no es el de ganar dinero, sino el de hacer un evento de la mayor proyección posible, porque los recursos que se generan por este gran movimiento quedan en el departamento.
Por supuesto que siempre debe actuarse al amparo de la normativa vigente, por lo que el “error” de la Intendencia fue pretender saltearse sus obligaciones fiscales; pero ello no quita que sea necesario que atendiendo estas situaciones, los legisladores del Interior promuevan una ley que determine exoneraciones para este tipo de espectáculos de interés general que se realicen en el Interior, que cuenta con menos recursos que Montevideo, la población que conforma el potencial cliente es menor, está desperdigada y a gran distancia, y hasta para los sponsors resulta menos atractivo para invertir. Pero lamentablemente debemos decir que los legisladores del norte de Santa Lucía, sobre todo los del partido de gobierno están en otra cosa, en hacer buena letra ante la dirección central de su partido, y hacen poco y nada por defender los intereses del Interior, anteponiendo la “disciplina partidaria” a toda otra consideración.
De otra forma no podría justificarse de ningún modo que los legisladores oficialistas del Interior, y sus ediles, hagan mutis por el foro respecto a la decisión de Antel de volcar entre 40 y 60 millones de dólares para construirle un estadio cerrado nuevo a la Intendencia de Montevideo, con dinero que saldrá de todos los uruguayos, por sobrecostos de servicios, naturalmente, o por retacear inversiones para mejorarlos.
Hasta ahora los legisladores de la oposición que han cuestionado esta decisión de obra faraónica en beneficio exclusivo de Montevideo se han limitado a cuestionar la inconstitucionalidad --lo que también ha señalado el Tribunal de Cuentas, pero que ha sido ignorado olímpicamente por las autoridades del ente-- y no han referido a la enorme injusticia que esta decisión entraña para el Interior, la eterna cenicienta en cuanto al destino de recursos de origen nacional.
Y por si alguien todavía lo duda, tenemos el ejemplo de Paysandú, donde la Intendencia ha salido a buscar recursos para recuperar el teatro Florencio Sánchez, para encontrarse con que el Ministerio de Educación y Cultura, que debe velar por la preservación del patrimonio nacional “no tiene” recursos para esta obra. Tampoco para restaurar la Basílica, uno de los monumentos con mayor historia del Uruguay y que nos identifica a todos los sanduceros.
Pero en cambio el Estado, a través de Antel, un organismo nacional, sí tiene 40, 50 o 60 millones de dólares para construirle un estadio nuevo a la eternamente deficitaria Intendencia de Montevideo.
Y los legisladores oficialistas del Interior, naturalmente, que tienen –deberían tener-- la posibilidad de hacerse escuchar e influir sobre decisiones del gobierno y organismos nacionales, ¿seguirán mirando para otro lado, haciéndose los distraídos, mientras el Interior sigue postergado?