Locales | 26 Ago El Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) y el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) manifestaron “su más profundo rechazo y repudio a los hechos que vinculan a un jerarca del gobierno departamental quien, infringiendo la normativa vigente, también incumple con el mandato asumido por el Estado de ser garante de los derechos de las personas”, ante “una situación de explotación sexual de adolescentes”. El comunicado firmado por la directora de Inmujeres, Beatriz Ramírez, y María Elena Mizrahi, por el Sipiav, manifiesta “su preocupación en torno a la naturalización que aún existe en nuestra sociedad e instituciones sobre una práctica extendida que viola sistemáticamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, contraviniendo toda la normativa nacional e internacional que nuestro país ha aprobado en la materia”. Las instituciones que dependen del Ministerio de Desarrollo Social estiman “que estos hechos tienen ocurrencia en el marco de una cultura adultocéntrica, en donde niños, niñas y adolescentes son considerados/as propiedad o patrimonio de los/as adultos/as, principalmente del adulto varón”. En tal sentido, “esta circunstancia también da cuenta de la naturalización de una cultura patriarcal, impidiendo así visualizar en su magnitud la violencia basada en género que existe en nuestra sociedad”, según el comunicado. En la declaración aseguran “que las situaciones de exclusión social --que afectan particularmente a niños, niñas y adolescentes-- no generan las condiciones propicias para el pleno goce de sus derechos” y reafirman “la necesidad de profundizar en la transversalización de la perspectiva de género y generacional en el Estado para garantizar el acceso efectivo a sus derechos a niños, niñas, adolescentes y mujeres”.