Nacionales | 27 Ago La reunión que la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) mantuvo con el gobierno finalizó “sin avances” en materia económica, dijo el dirigente Pablo Cabrera a la salida del encuentro. Los trabajadores insistieron en que el Poder Ejecutivo deje sin efecto el decreto de esencialidad, antes de acordar una nueva reu-nión para el miércoles.
Cabrera, en declaraciones a radio Sarandí, afirmó que la negociación “tuvo un curso complejo” debido al anuncio del Consejo de Ministros de que se mantendría el decreto de esencialidad.
“Eso hizo que llegáramos con más sensibilidad”, reconoció el dirigente gremial, y agregó que los trabajadores se presentaron al encuentro “con el levantamiento como planteo inicial, tal como lo había resuelto el plenario”.
Para la FFSP, el decreto “ha marcado un camino distinto en el conflicto porque se han obviado derechos fundamentales de los trabajadores, eliminando toda posibilidad de cualquier medida”, puntualizó Cabrera e informó que los representantes de los ministerios de Trabajo y Salud Pública “se llevaron esta propuesta para discutir con los jerarcas”.
El dirigente remarcó además que los trabajadores “hemos garantizado la esencialidad en la atención a los pacientes”.
Acompañado por la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, el subsecretario de Trabajo, Nelson Loustaunau, dijo que “no están dadas las condiciones” para hacer lugar a un pedido de la FFSP y levantar el decreto de esencialidad de los servicios de salud pública que firmó el gobierno días atrás.
En conferencia de prensa al culminar el Consejo de Ministros, Loustaunau explicó que el decreto establece que la esencialidad se aplica mientras haya conflicto y aseguró que a juicio del gobierno el conflicto de los funcionarios sigue. Ejemplo de ello, aseguró, es que el gremio anunció una marcha para esta tarde y una huelga a partir del 10 de setiembre. “Los elementos que condujeron a la declaración de esencialidad siguen estando presentes”, aseguró.

PODER JUDICIAL
CESARÁ CONTRATO
CON EMPRESA
La Suprema Corte de Justicia cesará su contrato con la empresa Otecas, por considerarla --luego de una investigación administrativa-- responsable del accidente que terminó con la vida de una empleada de la Defensoría de Oficio de la calle Uruguay el pasado 26 de abril.
El Poder Judicial busca ahora tener “una o dos empresas” a cargo del mantenimiento de todos los edificios del organismo, explicó a El Observador Elbio Méndez, director general de Servicios Administrativos. Méndez señaló que el contrato no cesará inmediatamente, de lo contrario, no existiría una empresa encargada del mantenimiento en varios edificios.
El 26 de abril, Elizabeth Machi, de 63 años, abrió la puerta del ascensor en la planta baja de la nombrada defensoría y cayó al vacío, muriendo luego, a causa de un fuerte golpe en la cabeza.
Al mismo tiempo, en el Juzgado de Paysandú, el ascensor andaba “a los palazos”, dijo un usuario a El Observador; el mantenimiento de ambos estaba a cargo de la misma empresa: Otecas.
No obstante, Méndez señaló que “esta empresa está autorizada por la Intendencia”.
“No es que el Poder Judicial contrata la empresa que le parece, son empresas avaladas por la Intendencia, que es la autoridad competente y es quien debe decir que la empresa está en condiciones de trabajar”.
“Por esto el Poder Judicial no está cometiendo ninguna irregularidad o incorrección al tenerla contratada, la vamos a cesar igual porque la investigación dice eso”.
El director además informó que se le pidió a la IMM una inspección de todos los ascensores del Poder Judicial, precisamente debido a la cantidad de irregularidades de las que ha sabido en varios edificios. “En la medida que la empresa está habilitada por la IMM, nosotros los clientes nos tenemos que manejar con lo que dice la empresa. En situaciones normales, parece razonable, pero atento a los antecedentes que han ocurrido en el Poder Judicial, a mí no me importa que la empresa esté habilitada, yo quiero que la intendencia diga, por ser la autoridad rectora, cómo están nuestros ascensores y si las empresas están cumpliendo”, señaló el jerarca.
De acuerdo a lo que supo El Observador en los primeros días de mayo cuando publicó un informe relacionado, dos inspectores se hacían cargo de todo el parque de elevadores de Montevideo que tiene 10.000 ascensores.

BCU NO REDACTA
PROTOCOLO PARA
ALLANAR BANCOS
El presidente de la autoridad monetaria, Mario Bergara, precisó el alcance del instrumento que la entidad elabora junto con la Suprema Corte de Justicia para los casos en los que “haya solicitudes de información de cuentas bancarias, o sea de información amparada en el secreto bancario en instituciones financieras”.
El Royal Bank of Canada (RCB) anunció hace unos días que se retirará del país tras ser allanado a pedido de la Justicia argentina, lo que generó comentarios cruzados entre integrantes del gobierno.
Tras ello, trascendió que el Banco Central prepara un protocolo para que la Justicia se base en el allanamiento de entidades financieras.
No obstante, Bergara sostuvo que “de ninguna manera está planteado que el Banco Central le imponga nada a nadie” y precisó que “es una guía de actuación que lo único que pretende es contribuir, ayudar a las actuaciones en caso de que haya solicitudes de información de cuentas bancarias o sea de información amparada en el secreto bancario en instituciones financieras”. El funcionario agregó que las autoridades bancocentralistas contribuyen con la Justicia “formalizando una guía de actuación, pero los jueces tienen todas las herramientas e instrumentos a su disposición y lo único que pretendemos con esto es contribuir con una herramienta más formalizada, nada más. Pero en ningún momento está en cuestión la independencia del Sistema Judicial en la toma de decisiones en cualquier terreno”.
Bergara reiteró que “es una guía de acción, un documento que pretendemos protocolizar en acuerdo con la Suprema Corte y los jueces, en acuerdo con el fiscal de Corte y los fiscales, a efectos de actuar en casos de solicitudes de información”. “O sea que no es un protocolo de allanamientos”.
Por otro lado, precisó que el instrumento está pensado para cuando el objeto de investigación es un cliente del banco y no la propia entidad. “Acá también creo que hay que dejar claro que las actuaciones están pensadas cuando lo que está siendo investigado no es el banco, sino algún cliente del banco sobre el cual se pide información bancaria. Eso ha generado confusión en el debate público sobre si a un banco hay que tratarlo igual o distinto que a otros agentes. Si el investigado fuera el banco y los jueces entienden que los procedimientos tienen que ser de tal o cual manera, obviamente las actuaciones las definirán los jueces y no hay por qué tener mayores diferencias de las instituciones financieras con otro tipo de empresas”.
“Lo que hay que dejar claro acá es que no era el banco el que estaba investigado, sino que era algún cliente del banco sobre el cual se pedía información”, finalizó.