Opinion | 30 Ago Mientras el gobierno argentino y el Grupo Clarín sostienen una dura polémica sobre la inconstitucionalidad de una cláusula antimonopólica de la ley de medios audiovisuales, que es considerada por la Corte Suprema de Justicia del vecino país, previa a un fallo definitivo, aquí en Uruguay también se debate sobre una ley similar, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Actualmente en la comisión de Industria de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley también expone, en opinión de algunos expertos, elementos anticonstitucionales.
Pero, incluso peor que eso, lo que se ha señalado como más destructivo de esta iniciativa es su carácter intervencionista, encaminando al Estado a ser el gran protagonista del control, producción y difusión, recibiendo privilegios que le quita a los privados, especialmente a los operadores históricos de los medios, en el ámbito de la radio y de la televisión.
De los 183 artículos que forman el proyecto de ley, especialistas sostienen que hay varios que revisten una redacción que los puede determinar como inconstitucionales, especialmente el 81, que deja en manos únicamente de Antel el monopolio de los servicios de transmisión y transporte de información. Este monopolio no se acompasa ni está contemplado en la Constitución, razón por la cual la violaría.
Junto a otorgarle al Estado privilegios que les quita a los privados, reserva para este el ejercicio de controles que en una eventualidad pueden llegar a la censura, en la medida que el texto no establece con precisión los alcances de esos controles. Por el contrario, parece dejar las manos libres para el gobierno de turno --del color y partido que sea-- haga lo que le parezca, interpretando a piacere una ley con un texto demasiado abierto, algo demasiado peligroso si se lo pretende usar de manera torcida.
Esta es realmente la cuestión central de todo el asunto. Más allá que las intenciones anunciadas parecen buenas, es claro que puede convertirse en una puerta a los excesos del gobierno de turno, lo que tendría el efecto contrario al pretendido, preservar la libertad de expresión y defender la libertad de prensa.
Existe y está en curso una compleja legislación que regula el accionar de los medios de prensa. Si esta debe profundizarse, no parece precisamente el camino una ley con estas características.
En una sociedad libre y soberana, la libertad de expresión pública y de prensa son derechos inalienables que solamente deben ser controlados por la jurisprudencia general, pero evitando una legislación particular, porque esta siempre tiende a poner un cepo. Y eso nunca es bueno.