Opinion | 01 Sep La Ley 18.381, vigente desde 2008, dice textualmente que “tiene por objeto promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública”.
Incluso define que información pública es “la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales”.
Además, la ley asegura que “el acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información”. Sin embargo, la realidad –en ciertas ocasiones— se da de bruces con la ley.
El suplemento Qué Pasa, que edita diario El País, debió acudir a la justicia para obtener datos acerca de promoción y repetición de alumnos de Secundaria, ante la falta de respuesta de las autoridades. Durante la audiencia se brindó la vil respuesta que en Secundaria “la información es reservada para evitar la estigmatización o discriminación de algunos centros de estudios”, aportando --por tanto-- información general. Pero la frutilla la ponen en Bachillerato, reconociendo directamente que no cuentan con datos en cuanto a ingreso, promoción, abandono y repetición por departamentos.
La situación, digna de un stand up, tuvo su punto álgido cuando el juez Pablo Eguren solicitó “buena voluntad” a las autoridades para que brinden esos datos en una audiencia fijada el 3 de octubre. Sin embargo, la asesora legal reiteró la inexistencia de una estadística y la imposibilidad de arribar con los datos en la fecha señalada. De hecho, cuando el Ministerio de Educación ha publicado los datos de referencia en el anuario estadístico, insólitamente se vale de la última encuesta de hogares. Es imposible creer que un consejo educativo, que cuenta con técnicos de alto nivel, no elabore estadísticas o promedios que a su vez sirvan para mejorar un proceso educativo, que nadie desconoce que ha estado en la polémica debido a los bajos rendimientos.
Y nadie desconoce tampoco que una mente “progre” ayuda e impulsa a la superación y no cubre todo el tiempo con el falso manto de la estigmatización, una verdad que buena parte de la población supone.
Esa misma población, que con sus impuestos ayudó a que el presupuesto de la educación pasara de U$S 420 millones en 2005 a U$S 1.800 millones en 2012, sabe que la tasa de egreso de Secundaria es la más baja del continente.