Opinion | 02 Sep A las pocas horas de haber dejado Uruguay la presidente argentina Cristina Fernández, tras una visita fugaz para hacer acto de presencia en el acto de inauguración de la planta desulfurizadora de Ancap, se supo que el gobierno uruguayo ha comunicado a UPM que no está autorizada a aumentar su producción anual en otras doscientas mil toneladas de celulosa, pasando de un millón cien mil a un millón trescientas mil.
Si bien nadie puede asegurar que este tema estuvo en la mesa de conversación entre el presidente José Mujica y su colega de la vecina orilla, no puede dejarse de especular con que una decisión soberana de nuestro país habría sido afectada por el escenario bilateral y el intento de “hacer buena letra” con Buenos Aires.
Por lo pronto, los primeros afectados por la suspensión de actividades hasta noviembre, por decisión del Poder Ejecutivo, son los transportistas, los productores forestales y los trabajadores de la madera, muchos de los cuales deberán pasar al Seguro por Desempleo, en tanto desde el gobierno no se ha emitido todavía ningún fundamento de la medida.
Solo el vicepresidente Danilo Astori dijo al matutino El País que prefiere no emitir ningún comentario al respecto “porque es un tema muy delicado” y dejó entrever que puede afectar la relación con Argentina.
El punto es que la negativa a que se amplíe la producción no es solo un tema de números abstractos para mencionar en las estadísticas, sino que estamos ante una repercusión muy significativa en los sectores directamente involucrados y en el efecto multiplicador de actividad, porque estamos hablando prácticamente del 20 por ciento de toda la actividad anual de Botnia.
Se supo asimismo que el tema fue motivo de conversación entre directivos de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y dos directivos de UPM, y el punto se planteó horas después por los mismos directivos al prosecretario de la Presidencia de la República, Diego Cánepa, así como al ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman. Pero, naturalmente, por los motivos expuestos, la inquietud se ha extendido a todo el tramado vinculado a la actividad de la planta de celulosa.
Ocurre además que el pedido de la empresa multinacional para aumentar la producción cuenta con el visto bueno de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), y está a estudio de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), sin que todavía se haya conocido un pronunciamiento de la delegación argentina al respecto, por cuanto el organismo binacional tiene plazo hasta el 15 de setiembre para expedirse, y vencido ese período sin que se interpongan reparos, Uruguay podría acceder unilateralmente al pedido de la empresa.
Sin embargo, el gobierno ha declinado autorizarlo, por los motivos “delicados” que mencionó Astori y que nadie conoce todavía. Por supuesto, esta es una decisión que será muy del agrado de la Argentina, y todo indica que se ha priorizado la relación bilateral a la repercusión positiva en la actividad interna del país, cuando precisamente estamos en medio de un proceso de desaceleración del crecimiento económico.
El presidente de la CIU, Javier Carrau, evaluó que “pensábamos que la decisión iba a ser otra, no es momento para paralizar nada. Si Argentina no hizo problemas, no se entiende la decisión. Esto afecta a mucha gente, a 5.000 o 6.000 personas. Nos sorprende y esperemos que se esté a tiempo de un cambio. Esos son jornales y fletes que se pierden y no se recuperan. Y eso asusta un poco a los inversores”.
Trazando un panorama en lo que refiere a su sector, el secretario de la Asociación del Transporte de Carga Forestal, Mauricio Mendy, sostuvo que “somos de la idea de que esto sería muy negativo en todo el Interior para choferes, gomerías, mecánicos. Hay localidades pequeñas como Arévalo, en Cerro Largo, o Algorta y Paso de los Mellizos, en Río Negro, en el interior profundo, que han tomado vida por la planta de UPM”.
Es así que entre 600 y 700 conductores de camiones se verían afectados si no se accede a su solicitud, acotó y dijo que al cierre prolongado “lo vemos nefasto”, en tanto Atilio Lingrone, por los productores forestales, consideró que en el Uruguay hay unas 600 empresas vinculadas a UPM que sufrirán las consecuencias del cierre por casi tres meses. No menos importante es la repercusión en el sindicato de la madera, Soima, desde que hay trabajadores que pueden llegar a los 30.000 pesos mensuales y el sector analiza formular un planteo conjunto con los trabajadores papeleros.
Es decir que para el Uruguay solo cabría esperar beneficios de la extensión de actividades de UPM, que ya llegó al tope de su producción anual por mayor eficiencia, y cuenta con materia prima para procesar otras 200.000 toneladas.
La única “explicación”, por lo tanto, a juzgar por los elementos hasta ahora conocidos, es no molestar a la Argentina, en una actitud notoriamente genuflexa y que --a juzgar por la experiencia-- nunca ha tenido la contrapartida de la otra orilla.
Por el contrario, una y otra vez han surgido nuevas trabas y desplantes, pese a los consabidos enunciados grandilocuentes que surgen en cada encuentro de cancilleres y presidentes, sin que las palabras se traduzcan en hechos.