Locales | 03 Sep En la pasada sesión, haciendo uso de los cinco minutos de la media hora previa, la edila nacionalista Nair Benítez denunció violencia “política-social” de que sería objeto por algunos integrantes de la bancada de su partido. Benítez expresó que se refería concretamente “al abuso de poder, que es una manifestación relevante de la violencia en general, que reconoce a la agresividad humana como su raíz potencial de todo hecho violento. Así puede señalarse que la agresividad sería la potencia y la violencia el acto propiamente cometido en contra de los actores políticos”.
“La particularidad de la forma de violencia a la que me refiero radica en la intervención de la fuerza de un individuo que se opone a la forma normal y justa en la actuación de otro sujeto, para doblegar sus ideas y sus pensamientos, así como torcer sus opiniones a fin de que el mismo no lleve a efecto sus conceptos, en los que libremente cree. Busca que el forzado u obligado deponga sus opiniones y emita consenso con lo que otros quieren que diga y haga”, aseguró. Sostuvo que “esto recuerda a las definiciones de la ley de violencia doméstica, que basado en la limitación de los derechos fundamentales del otro ser humano toma como medio de intimidación, la degradación, el menosprecio, cuando no directamente la violencia moral, física e inclusive las lesiones y la muerte. Todo ello para lograr los objetivos del violento que fuerza la voluntad del otro con el objetivo de tomar decisiones que le favorezcan, no dejando espacio de libertad, escucha y decisión. Se caracteriza por la imposición de la voluntad, por los deseos y puntos de vista de quienes detentan el poder transformando al otro en un objeto”.
También afirmó que se deben evitar “situaciones que colocan al otro --al agredido-- en la imposibilidad de decir su verdad, de emitir sus opiniones o de manejarse conforme a sus decisiones tomadas libremente. Por todo lo dicho, quienes tenemos representación política no podemos presionar a otros, llevándolos a que pierdan sus opiniones, a favor del colectivo o ‘a correrlos con el poncho’. Esta edila siempre se encontrará enfrentada contra aquellos que intentan llevarla por delante, pues por todas las consideraciones fue puesta en esta banca por la ciudadanía, a la cual se debe y nadie la habrá de forzar en su voluntad representativa de varios ciudadanos”.
Solicitó que se remitieran sus palabras al Consejo Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, a la Bancada Bicameral Femenina del Parlamento, al Congreso Nacional de Ediles y a las demás juntas departamentales, así como que la Mesa de la Junta Departamental de Paysandú para que el presidente y vicepresidentes traten la problemática.

SORPRESA EN SALA
Fue evidente la sorpresa que causó en la sala de sesiones el planteo de la edila nacionalista, sin que el plenario tuviera que votarlo ya que no pidió el pase a ninguna comisión interna de la Junta, y por lo tanto, tácitamente, se debe proceder a librar las comunicaciones solicitadas.
Consultada por EL TELEGRAFO respecto del por qué de su denuncia, Benítez comentó que se trata de una derivación indirecta de los hechos acaecidos en la Casita del Parque y concretamente vinculados a un informe que intenta realizar sobre la explotación de menores.
Comentó que considera la posibilidad de dar detalles y nombre de él o los ediles que la han acosado políticamente, tanto en el plenario del cuerpo como a EL TELEGRAFO y otros medios de difusión.
De todas formas, ante la consulta específica, aseguró que las situaciones que describió en su planteo realmente ocurrieron y que fue maltratada con gruesos epítetos de un edil, que no son de recibo por ninguna mujer más allá de la actividad que ésta desarrolle.
La edila Benítez intervino e incluso hizo uso de la palabra en ocasión de la jornada realizada en Paysandú sobre la problemática de la explotación sexual de menores, en cuya organización tuvo directa participación la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género que integra.