Opinion | 30 Ago Un aspecto al que no se le ha prestado debida atención, y que de una forma u otra involucra a todos los uruguayos, refiere a la cada vez más notoria pérdida de rigurosidad técnica de las leyes que se aprueban en el Parlamento, lo que hace que muchas veces deba volverse atrás para corregir redacciones --cuando es pertinente-- o decididamente derogarlas o sustituirlas al ser inconstitucionales cuando los casos se llevan a la Suprema Corte de Justicia.
El punto es que sobre todo en los últimos veinte años, y en un proceso que se ha acentuado, se generan situaciones indeseables por graves errores en el contenido de las leyes, el que puede obedecer a falta de pericia del legislador --tal vez sea la mayoría de los casos-- pero también porque como suele decir el presidente José Mujica, que se prioriza lo político por sobre lo jurídico, y se promueven proyectos de ley aun cuando los juristas advierten sobre su inconstitucionalidad, como ocurriera con la ley interpretativa de la Ley de Caducidad, impulsada desde el Frente Amplio.
Sobre este tema nos hemos referido en más de una oportunidad en la página editorial de EL TELEGRAFO, considerando sobre todo que entre otros aspectos una de las causas es que cada vez ingresan menos profesionales abogados como legisladores, por lo que no abundan los referentes técnicos en cada partido para la consulta, y por lo tanto los planteos políticos no son bien plasmados en iniciativas que no colidan con otras leyes en vigencia o con la propia Constitución.
En artículo de reciente publicación, El Observador precisamente trae a colación una serie de ejemplos en este sentido, poniendo el caso del Código General del Proceso, que otorga a los jueces la potestad de embargar las cuentas bancarias de las personas con solo aportar el nombre del cliente, sin la necesidad de identificar el número de cuenta.
En este caso la redacción es confusa, y una aplicación estricta de la ley puede suponer que el salario de un trabajador que es parte de una cuenta bancaria, sea por lo tanto ejecutable por la Justicia.
Ello ha determinado que legisladores de la oposición, caso del nacionalista Jorge Gandini, haya presentado un proyecto de ley para poner las cosas claras, teniendo en cuenta que según el parlamentario “allí hay una contradicción que el Parlamento no percibió. Hoy el cajero automático reemplazó a la ventanilla”. En la misma línea, los fiscales Gilberto Rodríguez y Carlos Negro consideraron que la ley que tornó inexcarcelable el delito de venta de pasta base es “inaplicable” por las exigencias en la determinación si es pasta base libre o fumable, como lo pide la ley, en tanto cuando en abril pasado la Cámara de Diputados aprobó la ley que habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo, la iniciativa tuvo que volver al Senado para que se corrigieran varios errores que tenían que ver con referencias incorrectas a determinados artículos del Código Civil. También se habían considerado deudas contraídas a los bienes gananciales del matrimonio.
Otros errores ya de amplio conocimiento tienen que ver con las dudas generadas por la normativa que permitió la clausura del caso que involucró a los hermanos José, Jorge y Dante Peirano y a otros jerarcas del quebrado Banco de Montevideo, y tras un escándalo político, el error fue reparado.
Asimismo, se encontraron errores significativos en el Código de la Niñez y la Adolescencia, así como en la ley que creó las alcaldías, entre otras normas en las que se han detectado flagrantes contradicciones y/o elementos que coliden con otras leyes o la Constitución.
Y si bien desde hace tiempo a través del Colegio de Abogados se planteó la posibilidad de aportar un cuerpo de profesionales para asesorar a los legisladores, hasta ahora el Parlamento no ha asumido, aparentemente, que deba apelar a este asesoramiento, lo que explica que se sigan cometiendo graves equivocaciones en las leyes, las reglamentaciones y los decretos.
Pero el tema ha vuelto recientemente al tapete, cuando la presidenta de la Comisión de Constitución del Senado, Constanza Moreira, planteó la posibilidad de contratación de asesoría legal. Según indicó el semanario Búsqueda, la finalidad de la contratación sería mejorar la técnica legislativa, y con este fin incluso se apuntaría a extender este asesoramiento a otras comisiones de la Cámara Alta.
El asesor se ocuparía de mejorar la redacción desde el punto de vista profesional y con objetividad, para plasmar en el plano jurídico el espíritu de la ley, lo que es evidentemente una necesidad en el ámbito legislativo e incluso con mayor énfasis en la Cámara de Diputados, donde sin dudas se cometen los mayores errores de redacción.