Opinion | 31 Ago Tiene razón el presidente José Mujica, al señalar en reciente audición radial que “es idiota tener una riqueza y no tratar de multiplicarla para hoy”, haciendo referencia a la reciente aprobación parlamentaria del proyecto de ley de megaminería, que contó solo con el respaldo del oficialismo.
En este aspecto el mandatario subrayó que “tenemos que atender que el progreso nos ayuda a cuidar la naturaleza y por el otro lado aprovechar los recursos que podamos reunir”, en tanto también arremetió contra los sectores ganaderos que se oponen a la instalación de proyectos mineros de gran porte.
A juicio de Mujica “el factor que altera la paz es que hay intereses que se sienten agredidos porque les encarece la mano de obra. Cuando aparece una mina importante en una región hay que pagar más a los peones. Esta es la causa de fondo”.
También consideró que “se hinchan las venas del ecologismo, porque en suma lo que hay es una lucha de intereses”.
No creemos que las cosas sean tan simples ni que deban ponerse en blanco y negro, pero allá el jefe de Estado con sus juicios de valor. Lo que debe evaluarse, más allá de lo episódico y atribuir intenciones, es la problemática en general, y por eso estamos ante una relatividad a partir de la relación costo-beneficio para un país.
Hay un contexto general que debe tenerse en cuenta, además de consideraciones de carácter político y objetivos que no deben perderse de vista, si tenemos en cuenta que la promoción de inversiones es uno de los grandes desafíos para el Uruguay, inmerso en una región con inmensos recursos naturales que hasta ahora han sido inexplotados total o parcialmente, y también a veces objeto de predación por intereses que se han instalado por encima de los países y los pueblos del Cono Sur en aras de una rentabilidad rápida y desmedida. Surge que un país necesita no solo explotar sus recursos naturales, sino sobre todo hacerlo en forma racional y en el marco de una visión estratégica de desarrollo, que debe tener presente no solo el monto global de la inversión, sino también la parte de incorporación de valor agregado a la materia prima que se pretende explotar, que generalmente se hace en los países hacia los que se destinan las materias primas y nos revenden los productos terminados. Ello explica que debe evaluarse cuidadosamente la relación costo-beneficio, en la que deben incluirse los correspondientes estudios de impacto medioambiental, teniendo en cuenta que aparecen propuestas como las Aratirí, por unos 1.500 millones de dólares, que conllevan el riesgo de afectar el ecosistema o perjudicar la calidad de explotaciones instaladas desde hace tiempo en el país.
El Uruguay desde siempre ha sido de base agropecuaria y por lo tanto existe una marcada inclinación por descartar acciones que puedan afectar recursos, tomando sobre todo como ejemplo situaciones que se dan en otros países en que los recursos naturales han sido depredados sin conciencia ambiental, con serias consecuencias para el ecosistema.
El proyecto de explotación minera a cielo abierto de la empresa Aratirí en el departamento de Durazno despertó protestas de productores y vecinos de la zona que se sienten directamente perjudicados por este emprendimiento en ciernes, que no se limita a la extracción de hierro en un lugar más o menos apartado, desde que la infraestructura y logística de apoyo implica asimismo afectar otros recursos del país, y no menos importantes, por cierto.
No puede obviarse que este tipo de explotaciones entraña además un alto grado de potencial contaminación ante la elevada escala de extracción, y que con el paso de los años y superada la etapa productiva de la extracción, lo que quedará para el país a medida que avance la explotación sería un gran agujero, de cientos o quizás algunos miles de hectáreas, en medio de un área productiva.
Pero tampoco debemos situarnos en la tesitura extremista de la vaca sagrada, porque es ilógico y un contrasentido seguir pasando junto a una montaña de hierro para extraer, y seguir apostando solo a las explotaciones agropecuarias tradicionales. De hecho, si actualmente no existiera en Uruguay la producción agrícola o incluso la ganadera, y hubiese un debate para implementarlas, seguro que habría muchas razones para no hacer lo que hoy es el sustento de todo el país, porque no debe existir mayor impacto ecológico y del medio ambiente que el que generan estas dos formas de explotación de la tierra. Y no son solo “unos miles de hectáreas” sino que hemos modificado hasta el último metro cuadrado de terreno, matando y exterminando la fauna y flora autóctona e incluso destruyendo la microbiología del suelo, que es lo que permitió que se formara el tapiz productivo, lo que pone en dudas el futuro de nuestra producción a futuro.
El punto es --y esperemos que la ley aprobada resulte eficaz en este sentido-- que se deben aplicar reglas de juego para promover una explotación inteligente y sustentable del recurso, con el menor perjuicio posible y mitigando los efectos negativos que puedan surgir de la explotación, de forma que el país pueda contar con esta riqueza y aprovechar los recursos que genere para reinvertir en infraestructura en pro del desarrollo en áreas sustentables, de forma de no vivir solo el presente sino de sentar las bases para el futuro.