Nacionales | 02 Sep El Poder Ejecutivo considera que “no es dramática” la paralización de la planta de UPM. Fuentes del gobierno consideraron que esta misma situación se produjo el año pasado y que se trata de algo que ya estaba previsto. De cualquier forma, insistieron en que la posibilidad de una ampliación de los topes de producción de la planta de pasta de celulosa sigue sobre la mesa y que en las próximas dos semanas continuará negociando con el gobierno argentino.
UPM solicitó al gobierno aumentar su cuota de producción de 1,1 a 1,3 millones de toneladas. A fines de la semana pasada en el sector industrial existía la convicción de que el gobierno rechazaría el pedido, sin embargo, durante el fin de semana desde el Poder Ejecutivo se transmitió que se negociaría con Argentina para conseguir la aprobación.
De cualquier forma hay diversas posturas sobre este tema, donde por un lado se sostiene que la aprobación de la Casa Rosada es necesaria, al tiempo que otros afirman que Uruguay puede tomar la determinación de forma unilateral.
El presidente José Mujica transparentó estos enfoques encontrados en declaraciones a Canal 12. “Cuando hay una cuestión jurídica uno se encuentra con un grupo de abogados que le dicen una cosa y otro conjunto que le dice exactamente lo contrario. Por eso no quiero decir nada”, afirmó el mandatario.
Por su parte la empresa anunció el cierre de la planta del 14 al 25 de setiembre para realizar tareas de mantenimiento, pero adelantó que extenderá la paralización de la producción hasta noviembre si no se obtiene la amplificación del tope de producción, cuya meta para el año ya prácticamente alcanzó.
Si esto se produce, UPM estimó que unos 6.000 trabajadores se verían afectados. Este cálculo, que analiza la cadena de producción e incluye transportadoras, productores forestales y otros trabajadores de la madera, fue realizado por la empresa y comunicado a integrantes de la Cámara de Industrias del Uruguay en una reunión realizada la semana pasada, según informó a El Observador el presidente de la gremial empresarial, Javier Carrau.
El presidente de la Federación de Obreros Papeleros y Cartoneros del Uruguay (Fopcu), Julio Burgueño, dijo a El Observador que ven la situación “con preocupación” y que por ende este lunes realizarán una reunión para saber fehacientemente qué riesgos se enfrentan.

PIQUETEROS PROTESTARON
La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú realizó en la víspera una caravana por el Puente Internacional General San Martín en rechazo a la posibilidad de que se instale una nueva planta de producción de pasta de celulosa en la zona. Unos 150 vehículos formados en caravana cruzaron la frontera del puente internacional San Martín e ingresaron a territorio uruguayo hasta el peaje de CARU. Los piqueteros se concentraron en el kilómetro 28 de la Ruta 136, en el mismo lugar donde la carretera internacional estuvo cortada ininterrumpidamente desde el 20 de noviembre de 2006 hasta el 19 de junio de 2010, aunque los cortes esporádicos comenzaron bastante antes.
“Es una señal de la firmeza que tiene esta lucha”, dijo Martín Alazard, que se bajó de su vehículo y mediante un sistema de amplificación rodante leyó una proclama en suelo uruguayo, mientras los demás automóviles eran obligados por Prefectura a girar y retornar hacia Argentina, de acuerdo al operativo dispuesto por el Jefe de la Circunscripción, capitán Julio Pérez Abrigo.
Entre fuertes sonidos de bocinas algunos dejaban el mensaje de que en noviembre volverán a establecerse en Arroyo Verde. Como efecto colateral, la ruidosa protesta determinó que el tránsito en el puente San Martín estuviera cortado por espacio de una hora. De forma de garantizar que no ocurriera ningún tipo de incidente, Gendarmería y Prefectura demoraron en el Área de Control Integrado a las personas que cruzaban hacia el vecino país.
Si el estado uruguayo finalmente autoriza el aumento de producción de UPM, “agravará la situación, justamente lo que la Corte Internacional de Justicia pidió no hacer” e insistió, en referencia al corte de ruta “que no se descarta absolutamente nada. Las acciones las decide el pueblo cansado de sentirse indefenso” añadió Alazard.

DIEZ DETENIDOS POR NARCOTRÁFICO
En Artigas, efectivos de la Brigada de Narcóticos realizaron varios allanamientos en el marco de la Operación Montana, que hasta ahora ha dado lugar a la detención de diez personas y la incautación de 16 kilos de marihuana.
Resta determinar si este procedimiento tiene relación con la detención en la vecina ciudad de Quaraí de un policía y otras dos personas, lo que dio lugar a la requisa de 178 kilos de marihuana.
El principal involucrado, suegro del policía ahora alojado en la cárcel de Quaraí, logró evadir el cerco policial, y desde entonces es buscado intensamente, tanto en Artigas, como en la ciudad fronteriza.

SCJ ANALIZA CASO DE URUGUAYO PRESO EN BOLIVIA
La Corte analizará la situación de un ciudadano boliviano-uruguayo que hace 16 meses está preso esperando que se defina un pedido de extradición del gobierno de Evo Morales. Lo acusan de “terrorista”, pero argumenta que es un “perseguido político”.
Alejandro Melgar Pereira se encuentra desde el 23 de abril de 2012 en el quinto piso de Cárcel Central cumpliendo arresto administrativo y a la espera que se defina un proceso de extradición solicitado por Bolivia, donde se lo acusa de “financiar” una presunta célula terrorista que tenía por objetivo asesinar al presidente Evo Morales e iniciar una guerra civil. El caso se ha denominado “Terrorismo I” o “Rosza”, apellido del supuesto líder de los insurgentes.
Melgar, de 44 años, argumenta que es un perseguido político y pidió status de refugiado ante la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, pero no aplica porque tiene ciudadanía uruguaya.
El polémico y complejo caso ha tenido derivaciones inesperadas en las últimas semanas. Cumplidos cuatro años de proceso judicial en Bolivia, donde 19 personas siguen detenidas, el fiscal Marcelo Soza, que acusó a Melgar y mostró correos electrónicos que probarían que financió la compra de armas y pasajes para los terroristas, renunció y es probable que sea procesado por formar parte de una red de extorsión a familiares de reclusos. También se han conocido audios divulgados por una diputada --peritajes en Brasil y España confirman que es su voz-- en los que el fiscal Soza reconoce que lo ocurrido en 2009 con la “célula terrorista” fue un “montaje político” del gobierno para “descabezar” el movimiento separatista.
Melgar es abogado, árbitro comercial y catedrático universitario doctorado en Derecho Constitucional. Es opositor al gobierno de Evo Morales y forma parte de Acción Democrática Nacionalista.

SINDICATO DENUNCIA A ANCAP EN OIT
La Federación de Funcionarios de Ancap (Fancap) denunciará al organismo ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por “la aplicación de una medida avasalladora e ilegítima por parte del Poder Ejecutivo”, informó el gremio en un comunicado.
La decisión se tomó ante el descuento de cinco jornales que sufrieron 12 funcionarios de la guardia nocturna del servicio de mantenimiento de la refinería de La Teja, quienes desde el pasado 24 de julio realizan solo “las tareas de rutina pero sin sobrecargarse por la falta de personal y la carencia de capacitación de los trabajadores para operar algunas máquinas nuevas que se instalaron en la planta”, explicó a El País el presidente de Fancap, Artigas González. Ante esa medida gremial, Ancap valoró que hubo un perjuicio para la empresa y decidió descontarle a los trabajadores cinco jornales, en base a lo que prevé un decreto de 2008.
“En la guardia de mantenimiento, desde las 19 a las 7, hay tareas que los compañeros no pueden hacer, y la administración los sanciona descontándoles cinco días sin haber faltado, lo que nos lleva a nosotros a tomar medidas de respuesta”, dijo González. Fancap criticó que la medida es un “fuerte ataque a la libertad sindical, que limita, reprime y condiciona el derecho de huelga, violando uno de los derechos humanos fundamentales”. Ese es el principal motivo por el que el gremio llevará el tema al Comité de Libertad Sindical de la OIT. Además, González informó que el gremio decidió no realizar horas extra, con la instrumentación de un paro de 24 horas, entre las 10 del jueves 5 de setiembre y las 10 del viernes 6, que incluirá una movilización frente a la sede central de Ancap.