Opinion | 06 Sep Mientras el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, expresó a un programa de radio de Montevideo sus dudas sobre el éxito del proyecto de legalización de la marihuana porque el país “no está maduro” para regular adecuadamente su consumo, especialmente el relacionado con menores de edad, Estados Unidos ha quedado en una posición incómoda referido al mismo tema.
Es que la decisión de no desafiar en las cortes los planes de los estados de Washington y Colorado de legalizar la marihuana se golpea de cara con la política internacional que lleva adelante, de lucha frontal contra su legalización. Al mismo tiempo, para la ley federal, sigue siendo ilegal.
Por un lado, el gobierno federal lucha contra la marihuana (y el resto de drogas prohibidas), pero por otro prefiere no meterse en las decisiones de los propios estados de la Unión, contentándose solamente con hacer hincapié en que no se venda a menores de edad y que no se exporte fuera de los límites de esos estados que planean liberar la plantación y consumo de marihuana.
Es claramente una muestra de doble moral, o peor, de hipocresía política. Que tiene especial impacto en el exterior, fundamentalmente en México donde la cruda lucha contra el narcotráfico ha provocado la muerte de más de 50.000 personas, muchas de ellas inocentes. Y esa lucha cuenta con el apoyo concreto de Estados Unidos.
Obviamente, la guerra frontal en México tiene que ver con el hecho de que la mayor parte de la marihuana que llega a Estados Unidos proviene de ese país, pero la gran pregunta que ahora se abre es qué razón hay para seguir gastando fortunas y perdiendo vidas cuando el propio gobierno acepta que dentro del territorio estadounidense haya zonas donde la marihuana sea legal, aunque eso no sea precisamente lo que se pide a otros países, especialmente latinoamericanos.
Uruguay es precisamente el país que más adelantado tiene un proyecto de legalización, con media sanción parlamentaria en Diputados. Y aunque las autoridades del Ministerio del Interior son claras al expresar sus reservas, lógicas y claras, porque en este país siempre las principales dificultades pasan por la fiscalización y control, seguramente será aprobado antes de fin de año.
Estados Unidos, con esta decisión, se convierte en realidad en un aliado de la propuesta del gobierno uruguayo, porque en su casa implementa una política muy diferente a la que propone en otros países.
El “Haz lo que yo digo...” se vuelve insostenible y debe ser necesariamente un punto de inflexión para que Estados Unidos revea su forma de combatir el tráfico de drogas. Quizás llegó el tiempo de programas de prevención y rehabilitación, así como de campañas para desestimular el consumo de drogas.