Opinion | 06 Sep De acuerdo al informe Global de Competitividad 2013-2014 difundido en las últimas horas, países como Ecuador, Georgia, Macedonia, Botswana, Croacia, Rumania, Armenia y las islas Seychelles superaron a Uruguay en lo que refiere a la competitividad, al haber retrocedido al puesto número 85, en tanto todos esos países estaban más abajo en el ranking 2012-2013, cuando el país ocupaba la posición 74. Ese puesto ya representaba una pérdida de competitividad respecto al informe anterior, cuando ocupaba el 63° lugar.
Estos datos también han generado malestar en algunos integrantes del gobierno, ya embarcados en un abierto rechazo al documento presentado recientemente por gremiales empresariales, que cuestionan las políticas del gobierno que han deteriorado la competitividad, por lo que en buena medida este informe coincide con la postura de las empresas.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, criticó que el informe solo toma estadísticas oficiales cuando se refiere al porcentaje de desempleo, y agregó que el Foro Económico dice que “consulta textos jurídicos y que lo más importante es la visión de los empresarios en cada país”, pero no tomó en cuenta que el presidente del Banco Central, Mario Bergara, utiliza sistemáticamente este informe en su trabajos.
A principios de agosto las cinco principales cámaras empresariales del país presentaron un crítico informe sobre competitividad que generó molestia en el Poder Ejecutivo. Allí se identificaban entre los factores que afectan a las empresas el gasto público, el tipo de cambio real, inversión pública, regulaciones, relaciones laborales, ciencia, tecnología e innovación, inserción internacional, educación y seguridad.
El organismo encargado de remitir los datos correspondientes a nuestro país al Foro fue la Universidad ORT, y Brenta señaló que se solicitará una entrevista al rector de ese centro de estudios para conocer cuáles son los indicadores que se tomaron en cuenta. “Un informe de estas características tiene que tener la suficiente transparencia en la construcción de los indicadores”, dijo el secretario de Estado.
El comentario del titular de trabajo es una manifestación más de soberbia del Poder Ejecutivo, que se niega a reconocer la responsabilidad del gobierno por la pérdida de competitividad. Tanto es así que el propio titular de Economía, Fernando Lorenzo, expresó recientemente en un foro que el problema pasa por la falta de productividad de las empresas y que no estamos ante consecuencias de políticas de gobierno.
Por su lado Bruno Gili --catedrático de ORT y uno de los coordinadores del estudio en Uruguay, junto al también catedrático Isidoro Hodara-- dijo a El País que hay que “desdramatizar” el resultado del índice y enfocarse en “entenderlo y construir una agenda sobre mejora de competitividad”.
Debe tenerse presente que el índice en el que se basa el Foro define a la competitividad como “la serie de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”.
La desmejora de Uruguay en el nuevo ranking, que incluye a 148 países, se debe a una combinación de factores que incluyen “un deterioro de las condiciones macroeconómicas, una alta tasa de inflación que afecta el acceso a la financiación, las condiciones laborales restrictivas y las debilidades en la calidad de educación y la capacidad de innovar”, de acuerdo al informe de referencia.
Seguramente el cierre de este documento ha tenido lugar antes de la suba que ha registrado últimamente el dólar en el Uruguay, del orden del 16 por ciento en pocos meses, que a su vez mejoró en algo la competitividad para los exportadores, pero debe tenerse presente que paralelamente esta suba ha determinado un rebrote inflacionario que recién está en ciernes y que seguramente persistirá en las próximas semanas, lo que equivale a un incremento de costos y por lo tanto erosionando esta mejora en la competitividad.
Que no es solo tipo de cambio, pese a que este factor tiene gran influencia, sino que se trata de los costos internos que se aplican a los productores por los precios de la energía, servicios, insumos, salarios, cargas sociales e impuestos, además de la logística, como elementos principales, y que debido a las necesidades de recaudación de nuestro paquidérmico e ineficiente Estado --donde la “productividad” es una mala palabra-- son “inflados” y trasladados a los precios de exportación, pese a que en el equipo económico se trate de minimizar algo tan flagrante.