Opinion | 04 Sep En reciente entrevista con el Semanario Voces, el presidente José Mujica se unió al coro de críticas que desde el seno del gobierno se han formulado al representante de los trabajadores en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Alfredo Silva, al señalar que “dijimos que participen los trabajadores y agarrás a un tipo como este en la salud (Alfredo Silva). Administrar una cosa que tiene 27.000 trabajadores, estamos locos, nos estamos dando un tiro en la pata. Desprestigias el criterio de profundización democrática”.
El mandatario aludía a la forma de representación y sobre todo de gestión, de presunta “participación democrática” que ha promovido el gobierno, a partir de la Administración Vázquez, en determinados organismos del Estado, con una participación directa de los que teóricamente forman parte de su esquema de gestión.
En este caso particular, de acuerdo a lo que informa El Observador, una vez más el Frente Amplio busca la forma de sacar del Directorio de ASSE a quien ha responsabilizado por buena parte de los problemas de gestión en el organismo, es decir Alfredo Silva.
Precisamente el Senado introdujo la semana anterior dos modificaciones a la ley que creó ASSE como servicio descentralizado, es decir el doble voto para el presidente del organismo y un ultimátum de seis meses para que el Poder Ejecutivo reglamente --después de seis años de creada la ley-- la forma en que se elegirán los representantes sociales en el Directorio. Es así que ASSE ya ha tenido cuatro presidentes, pero aún no ha cambiado a sus directores sociales, que son Silva y Wilfredo López.
La ley aprobada en su momento establece que cuando el Poder Ejecutivo elabore la propuesta de directores, como condiciones personales dos de los cinco miembros sean representantes de los usuarios y de los trabajadores de ASSE, pero como la norma no se reglamentó, la exministra de Salud Pública dispuso que el delegado de los trabajadores fuera elegido por el sindicato más representativo, que es la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP).
En este escenario lo menos que puede señalarse es que el Poder Ejecutivo pecó de ingenuidad, a puro fundamento ideológico, cuando no solo ameritó el ingreso de la representación sindical en el Directorio, sino que a la vez promovió que el sindicato obrara como creyera más conveniente a sus intereses, al llevar a Silva a este cargo.
Es fantasioso pensar que cuando un representante gremialista llega a un ámbito de poder, va a obrar en aras del interés general y ponderando sus decisiones en base a conceptos que tengan en cuenta todos los aspectos inherentes a la gestión del organismo, en este caso ASSE. Lo que hace Silva, por supuesto, como lo han hecho además todos los sindicalistas y representantes gremiales potenciados a un ámbito de decisión en el que precisamente se libra la suerte del sector, ha sido defender exclusivamente los intereses de los funcionarios, promoviendo iniciativas que los favorezcan y trancando en la medida de lo posible todos aquellos proyectos o propuestas que significaran afectar los horarios de trabajo y priorizando el aspecto salarial naturalmente, así como apuntar a lograr mayores beneficios, porque esa es su misión como representante sindical. Creer otra cosa no solo es ingenuo, sino delirante.
De la misma forma obró en su momento el expresidente Tabaré Vázquez, cuando promovió la Ley de Educación en vigencia. Lo que se hizo, al cabo de asambleas en todo el país en las que intervinieron solo docentes y funcionarios, fue recoger pautas que en aras de la “participación” de los uruguayos, reflejaron el sentir de estos sectores interesados y se les dio poder en los organismos de control de la enseñanza.
Como no podía ser de otra manera, la representación sectorial durante todos estos años se dedicó a obstruir cualquier iniciativa que pudiera rozar a los funcionarios y docentes, tanto en el aspecto salarial como en condiciones de trabajo, y sobre todo se opone a que pese a que se han destinado mayores recursos al sector, se evalúen los resultados y calidad de la enseñanza. En suma, se apunta a trabar cualquier reforma que lo ponga sobre la mesa, por pequeña que sea, y así seguimos estancados, porque el poder político no puede tocar nada sin la aquiescencia de estas representaciones a las que se ha dado poder de decisión.
Es decir que pese a lo que señalan voceros del gobierno, incluyendo al propio presidente José Mujica, al cuestionar actitudes personales del representante en ASSE, el origen del problema es que se está ante representaciones sectoriales, y aún corporativizadas. Cualquiera sea la persona que ejerza este tipo de cargos, lo hará en función de intereses y posturas que no son los del ciudadano común, sino de sus representados. Es en este aspecto que el poder político, que debería representar a todos los ciudadanos, y en este caso el gobierno, debe cumplir con la función de velar por la población, y hacer lo que se debe hacer.