Opinion | 09 Sep En una audición radial, el presidente José Mujica dijo en agosto pasado que la sociedad uruguaya es “tacaña”, con un nivel de compromiso “ausente” que explica la “contradicción de estar en un país inmensamente rico y dotado de medios y posibilidades y sin embargo, tener a veces enormes dificultades”.
Según el mandatario, tanto el sector empresarial como el sistema político “cultivan algo que está muy alejado de la responsabilidad social” y aseguró que algunas empresas realizan sus contribuciones a cambio de exoneraciones impositivas, pero sin vocación solidaria.
Sin embargo, el documento “Estrategia renovada” de la Unión Europea (UE) para el período 2011-2014, define a la responsabilidad social empresarial como “la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad”.
Anteriormente, la UE se refería a la integración de las empresas en “las preocupaciones sociales y ambientales, en sus operaciones comerciales y sus relaciones con los interlocutores sobre una base voluntaria”.
Es decir que mientras en el mundo el concepto cambió y refiere estrictamente a la responsabilidad como tal, en Uruguay continuamos apelando a la voluntariedad. Y en ambos casos hay diferencias.
La voluntad es un hecho espontáneo que no surge de la obligación ni el deber y la responsabilidad es la capacidad de todo sujeto para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente, según el diccionario.
Por ejemplo, hacer una donación para el deporte o la cultura, --a través de la cual se obtienen exoneraciones impositivas--, no significa ser socialmente responsable.
Esa responsabilidad significa una decisión estratégica en el funcionamiento empresarial, creando las posibilidades de innovación y crecimiento. No obstante, en Uruguay seguimos apelando a la voluntad desde un punto de vista casi holístico, cuando la realidad se encamina hacia otro lado.
En 2010, el gobierno creó el Consejo de Responsabilidad Social Empresarial, por decreto, que luego de reunirse seis veces finalmente dejó de funcionar.
Estaba integrado por el gobierno, la central de trabajadores y las cámaras empresariales, no contaba con infraestructura y se fue apagando el interés en participar en este contexto.
En Uruguay, el concepto de responsabilidad social empresarial se ha quedado en el tiempo, al sistema político y empresarial no le interesan y los ciudadanos no ejercen su control. Tal vez por eso, no tenga éxito.