TERMAS DE GUAVIYÚ

Locales | 08 Sep En el plenario del pasado viernes la Junta Departamental aprobó --con los votos del nacionalismo-- extender la adjudicación de la licitación pública para la explotación de 50 moteles en Termas de Guaviyú a la empresa unipersonal Alfredo Dupont.
El informe en mayoría de la Comisión de Presupuesto, con la firma de los ediles Héctor Beceiro, Sergio Culñev, Jorge Bartaburu, Claro Suárez y Patricia Vásquez Varela señaló que motivaba dicha aprobación la necesidad de anuencia de la Intendencia para “extender el plazo de la concesión por el período que abarca la próxima legislatura, atento a lo que solicitara el adjudicatario en función de que dicha posibilidad se encuentra prevista en el pliego de condiciones”. El decreto de un solo artículo así lo establece, “por el término de 5 años de acuerdo a lo previsto en el artículo 2 del respectivo pliego de condiciones, según consta en el expediente 60/0378/2010 del Ejecutivo Departamental”.
La edila Liliana Geninazza, en sala, dio el informe de la bancada del FA (minoría mayor) señalando una posición contraria a dicha anuencia “en la medida que, justamente, comprende la próxima administración municipal”. Por su parte, el edil Mauricio de Benedetti del Partido Colorado sostuvo que esa bancada no apoyaría lo solicitado por la IDP ya que “se trata de una gestión de servicio, lo que la Intendencia puede realizar y bien, si así se lo propone”.

SIN CONSULTARLO
El edil frenteamplista Walter Duarte recordó que “en una media hora previa, el edil Luis Lopardo ya había advertido la conveniencia de que este tema pasara por la Junta, pero el Ejecutivo resolvió instrumentarlo sin consultar a la Junta. Hoy nos encontramos con una situación de difícil solución porque cuando se presentaron los interesados al llamado hecho por la Intendencia, lo hicieron con determinadas reglas de juego, con determinadas propuestas económicas. Estamos hablando de cientos de miles de dólares para poner a tono las instalaciones y de decenas de miles de dólares mensuales, o sea que hablamos de cifras significativas”.
Duarte añadió que “si una vez adjudicado el llamado, quien ganó con las cartas a la vista dice ‘yo ahora quiero otras condiciones’, legítimamente el que perdió (la licitación) puede argumentar que ‘si yo sabía que tenía siete años hacía una propuesta diferente’ y eso nos puede generar un perjuicio económico”.
“Por tanto no es este un tema de votar a la ligera, porque podemos estar embretándonos en una situación muy compleja desde el punto de vista jurídico, ya que el perdedor no debe estar muy contento con esa situación y además le estamos dando el pretexto de ‘redimir un muerto’. Si consulta un abogado que le menciona esos siete años de plazo (porque antes lo tendría si el gobierno siguiente así lo disponía) le dirá que él podría haber ofrecido ‘tanto o cuanto’”.
Subrayó que “es un tema muy delicado, incluso desde lo filosófico, por lo que comparto lo que aquí se ha dicho y nosotros no estamos en condiciones de votarlo en este momento”.

TRIBUNAL DE CUENTAS
Tras la votación que resultó favorable a la anuencia, por 15 en 29, en la fundamentación personal de voto --que cada edil puede solicitar-- Luis Lopardo pidió que se aplique en este caso el artículo 48º del Reglamento Interno para recurrir a la intervención del Tribunal de Cuentas de la República. Esto determinó que la anuencia quedara aprobada pero sujeta al informe de dicho organismo.