Nacionales | 06 Sep En el primer semestre del año, las escuelas públicas de nuestro país detectaron 319 casos de violencia doméstica o abuso a los alumnos en sus hogares. Se trata de casos de abuso físico o sexual que afectan al 1% de los escolares de todo el país, según publicó El Observador. Del total de los casos, 177 ocurrieron en el Interior y 142 en Montevideo.
La psicóloga, inspectora y coordinadora de Escuelas Saludables que trabaja en conjunto con Primaria, Ana Everet, consideró la situación como “preocupante” y que los encargados de realizar la denuncia son “los inspectores, directores y maestros”. Agregó que el “hambre frecuente, una vestimenta inadecuada, cansancio crónico, heridas y machucones” son las características más comunes en los niños maltratados. Además se encuentran casos de negligencia y abandono de los padres. En tal sentido, Everet dijo que “el caso puede derivar en una internación en INAU o que el Poder Judicial” sea el encargado de definir la tenencia del menor involucrado.
Respecto a las consecuencias, enfatizó que “este niño puede tener una patología de personalidad a futuro. Puede tener identificaciones con el agresor. Puede ser más agresor. Puede formar una autoestima con ese tipo de actos. Le puede dar poder y prestigio en determinados contextuales sociales. A partir del provocar miedo puede ser un líder negativo que puede ser mala influencia para otros compañeros”.
Por su parte, el Director General de Primaria, Héctor Florit, declaró a Subrayado que los maestros son quienes descubren los golpes, abusos y maltratos psicológicos que sufren los niños. Añadió también que algunos de los casos culminaron en la Justicia y otros son analizados por un grupo multidisciplinario que trabaja en este tipo de casos.

ALAS U PRESENTÓ
EXPEDIENTE DE LA
EMPRESA A DINACIA
El presidente del directorio de la nueva aerolínea Alas U, César Iroldi, informó que la empresa presentó el expediente ante la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) que pasará a la Junta Aeronáutica para su autorización, lo que permitirá el comienzo del proceso de certificación.
Respecto a los avances de Alas U, destacó que está terminado el contrato de los aviones, el cual se estaría firmando la próxima semana. Agregó que fue aprobado el préstamo del Fondes por un monto de 15 millones de dólares. En tal sentido, esperarán la resolución de la Junta Aeronáutica “para comenzar el proceso de certificación de la nueva empresa”.
Por su parte, el presidente José Mujica dijo que Alas U “no puede ser una cosa eternamente subsidiada por el Estado y tiene que ser algo que funcione por si mismo”. Además manifestó que tiene “dudas” sobre si “la pueden sacar o no”. Iroldi respondió que las dudas del mandatario no pasan por si Alas U va a abrir “porque se están comprando los aviones y está adjudicado el préstamo del Fondes”.
“La duda que puede tener, como cualquier uruguayo en un emprendimiento tan difícil, es si realmente esto puede marchar. Y nosotros estamos convencidos de que sí. Alas U es una realidad”, destacó. Además confirmó el reclamo de pilotos al Estado, aunque aclaró que se trató de decisiones individuales.
“Nosotros fijamos una posición como empresa en el entendido de que Alas U iba a recibir un préstamo del Estado. Se evaluó después por la asamblea de pilotos que ningún funcionario que le esté haciendo un juicio al Estado iba a entrar en la nueva empresa”, explicó.

INCUMPLIMIENTO DE
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
El Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo) presentó un informe que revela el incumplimiento de la ley de Acceso a la Información Pública, y manifestó su sorpresa porque ni la Suprema Corte de Justicia (SCJ) cumplió con la ley.
El Cainfo expresó su preocupación porque un 20,5% de la información que se consideró reservada, se clasificó sin fundamentos.
Además la ley establecía un plazo para la clasificación de información de cada organismo, puesto que la clasificación previa al pedido que cualquier ciudadano pueda hacer de la información, otorgaba garantías de que no existía una reserva por motivos ilegítimos decidida cuando se recibía la solicitud.
Según el informe, sólo cinco ministerios, nueve empresas públicas, siete personas públicas no estatales y cuatro oficinas de los organismos dependientes de Presidencia cumplieron con el texto, mientras que en el ámbito departamental lo hicieron sólo dos de 38 juntas departamentales e intendencias.
“Sorpresivamente, organismos como el Instituto Nacional de Estadísticas, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas de la República y la Corte Electoral no presentaron a diciembre de 2012 ninguna declaración de información reservada en el marco del artículo 33º, pese a la cantidad y relevancia de información que manejan”, indicó el informe.
Asimismo, de los 614 expedientes de información reservadas, 26 argumentaron cuestiones de seguridad pública o defensa nacional, tal como prevé el literal A del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información. “27 casos plantearon que puede afectar la conducción de las relaciones internacionales, 40 fueron reservados por que su publicación podría dañar la estabilidad financiera, económica, o monetaria del país; 84 porque podría poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona; 378 porque suponen una “una pérdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado o que se pueda dañar su proceso de producción, 17 porque puede desproteger descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales desarrollados o en poder de los sujetos obligados y en 126 casos no presentaron ninguna justificación de las previstas en la ley”, señaló el texto.

EVALÚAN SITUACIÓN
EN PUNTA DEL DIABLO
En declaraciones a Montevideo Portal, el secretario general de la Intendencia de Rocha, Darcy de los Santos, anunció que la Comuna realizó inspecciones en Punta del Diablo para conocer el estado de situación en los ranchos del balneario, mientras se analizan los caminos jurídicos a seguir para recuperar los espacios públicos.
El jerarca entendió que la justicia falló en contra de la comuna, y cuestionó el procedimiento adoptado para proceder a las demoliciones.
Uno de los voceros de los vecinos de Punta del Diablo, Walter Demarchi, señaló que existen unos 100 ranchos que están expuestos a que sean demolidos, por su situación jurídica.
Unos 130 ranchos recibieron en 2007 intimaciones por parte de la Intendencia para que abandonaran sus viviendas para ser demolidas. De ese total, unos 30 presentaron un recurso de amparo ante la Justicia obteniendo un fallo favorable en primera y en segunda instancia.
La decisión de la Justicia fue tomada considerando que no se estaba realizando el procedimiento adecuado para poder tirar los ranchos.
Demarchi señaló que la Intendencia no tiene identificado cuáles son los espacios privados, los públicos y los fiscales. Agregó que en 2002 el dueño del parador de Punta del Diablo, Eduardo Beyhaut reclamó a la Intendencia la demolición de unos ranchos que estaban en una propiedad que él le había comprado al fisco, indicando que la política de la Intendencia no se centra en recuperar espacios públicos.

INFORME DEL PIT CNT
El último “Informe de Coyuntura” del Instituto Cuesta Duarte del Pit Cnt reveló que 562.836 trabajadores privados se encuentran “sumergidos” con sueldos inferiores a $14.000. Esa cifra representa el 47,9% del sector privado.
De acuerdo a Montevideo Portal, la mayoría de los trabajadores con salarios sumergidos son del Comercio, correspondientes a unos 122.555 afectados, con un líquido promedio de $12.500. El 64,9% de los empleados de ese sector está por debajo del umbral.
En tanto, el servicio doméstico es el sector con mayor porcentaje de trabajadores con sueldos sumergidos (72,9%) y le sigue al comercio en cantidad de empleados en esa situación con 81.141.
La actividad con menor porcentaje de empleados sumergidos es la enseñanza privada, lo que corresponde al 19,1%, seguido de las actividades financieras y de seguros (20%), el sector de electricidad, agua y gas (21,7%) y el de información y comunicación (29%).
Asimismo, del total de trabajadores privados con sueldos bajos, 80.036 ganan menos de $6.000, hay 244.932 con salarios entre $6.000 y $10.000 y otros 237.869 que ganan entre $10.000 y $14.000.