Opinion | 11 Sep Aunque la Administración Nacional de la Enseñanza Pública (ANEP) suspendió las vacaciones de primavera que iban a desarrollarse entre el 16 y el 21 de este mes, no puede garantizar que se dicten clases en este período debido a la oposición del sindicato de docentes de secundaria.
Por supuesto, para quien más o menos siga de cerca los acontecimientos que se están desarrollando en la enseñanza, y no solo en lo que refiere al reclamo salarial ante la Rendición de Cuentas, esta encrucijada no puede sorprender, desde que forma parte de la degradación que se viene registrando en forma sostenida en este sector.
En las últimas horas la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) ratificó que es “materialmente imposible” dictar clases durante las vacaciones de primavera, porque se trata de un período de exámenes, pero además la gremial no comparte la decisión de recuperar clases que se hayan perdido por la huelga.
Y este es precisamente el fondo del asunto, el no dar el brazo a torcer ante un gobierno que se ha mostrado contemplativo, timorato y no ha hecho valer la autoridad que le ha conferido la ciudadanía para que desde el poder político, representativo del sentir de todos los ciudadanos, se oriente a la enseñanza, en lugar de dejar las decisiones en manos del sindicato, interesado solo en llevar agua para su molino.
El punto es que ante un nuevo desacato de los sindicatos, las autoridades de ANEP sostuvieron que no forzarán a los docentes a recuperar los días de clase perdidos por los paros, aplicarán descuentos a quienes no se presenten la próxima semana —en que las vacaciones fueron suspendidas— e intentarán recuperar el “tiempo pedagógico” con fórmulas que requieren de la voluntad docente.
Naturalmente, hay polvos que traen estos lodos, y son la causa del “agrande” sindical ante el gobierno, promovido además desde la Ley de Educación que se aprobara durante la administración del ex presidente Tabaré Vázquez, y que en resumidas cuentas aumentó sustancialmente la cuota de poder de los sindicatos en la conducción de la enseñanza, haciéndolos juez y parte.
Lamentablemente, lejos de tender a corregirse este factor, se ha continuado cediendo ante los sindicatos del sector, por motivaciones ideológicas, aunque seguramente a esta altura ya muchos de los legisladores y actores políticos de la izquierda que promovieran esta participación a través de la ley, se han dado cuenta tarde del error en que incurrieron en su momento.
El senador de la Vertiente Artiguista e integrante de la Comisión de Educación del Parlamento, Enrique Rubio, manifestó a El País que ya se generó “una crisis en la conducción educativa muy seria, porque quien determina el ciclo educativo y sus distintas fases son las autoridades del sistema”.
“Me parece un profundo error ingresar en una situación anárquica en la que se confunden los roles: una cosa son los derechos gremiales y otra es la línea de conducción del sistema” por lo que “si la línea de conducción del sistema no es respetada y se toman decisiones que en realidad transfieren el centro de autoridad al campo gremial, esta confusión ocasiona un perjuicio profundo al sistema”, reflexionó.
Efectivamente es así, solo que se debió pensar antes en que los gremios, como ocurre en la educación, en la salud y en tantas otras áreas, han sido creados para hacer valer los intereses de los trabajadores, y sus representantes se sienten obligados -–porque así se les presiona-- para utilizar sus cargos de representación solo para obtener mejoras salariales y otros beneficios para sus integrantes.
Así es la realidad, pese a todos los eslóganes que se repiten y que pretenden hacer creer otra cosa a la población, porque en su óptica no hay más interés general que el que priorice la situación de los sindicalizados.
De nada vale que el senador Rubio, como otros legisladores oficialistas, consideren que los “sindicatos deben respetar a las autoridades y ANEP tiene que hacerse respetar en la toma de decisiones; que se respeten los derechos gremiales pero que no se confundan con la gestión del sistema porque si no, ingresamos en un situación que no es legal”. Y en este escenario surge nítida la percepción de que quienes menos importa son los estudiantes, el supuesto leit motiv de la tarea docente, porque siempre surge una excusa para nuevos reclamos y paros, mientras los jóvenes siguen perdiendo clases y no hay ningún interés en que las recuperen, en el período que sea, aunque la senadora Lucía Topolansky instó a esperar a ver qué pasa y “pensar más en los niños y en los jóvenes que en otras cosas”.