Nacionales | 15 Sep Los gobiernos de Uruguay y Argentina anunciaron en un breve comunicado que tienen previsto para el “ejercicio 2014” profundizar el dragado del canal Martín García, obra que el gobierno de José Mujica ha insistido en concretar, pero que se mantiene suspendida ante inacciones del vecino país.
Al llevar de 32 a 34 pies la profundidad del canal, los buques que salen de puertos uruguayos pueden cargar más productos con destino a la exportación y, por lo tanto, el negocio se hace más rentable. Mientras no se concreta la profundización, ambos gobiernos continuarán con el mantenimiento del canal, que implica el dragado y balizamiento, como lo hacen desde el 18 de enero. Al inicio estuvo a cargo de Uruguay, una vez que se canceló el contrato con la empresa privada Riovía. Ello, según el comunicado de ambos gobiernos, implicó un ahorro de U$S 8 millones.
A partir de octubre serán embarcaciones argentinas las encargadas de cumplir con las tareas, para lo cual ya se dispuso de una draga.

OBTUVO U$S 110.000 EN DOS REMATES
El Fondo de Bienes Decomisados, dependiente de la Junta Nacional de Drogas (JND), realizó este mes dos nuevos remates de bienes incautados y decomisados en causas de tráfico ilícito de drogas. Se remataron vehículos, joyas y muebles por un valor aproximado de 110.000 dólares, que serán destinados a las políticas de drogas en sus diversos programas de prevención, tratamiento e inserción.
La JND informó que se vendieron 24 vehículos (entre motos y automotores), logrando evitar el deterioro y la desvalorización de los bienes. Por otra parte, mediante el convenio con la Asociación de Rematadores, se remataron diversos bienes muebles y joyas cuyo producido ascendió a $ 209.000 pesos uruguayos. Se remataron 84 lotes, de los cuales 46 fueron joyas y 38 bienes muebles.
Los bienes incautados y decomisados mediante acciones de represión de delitos o el producto de su remate, según lo establece el decreto 339/010 que reglamenta el Fondo de Bienes Decomisados, son utilizados para fortalecer las políticas de drogas en todos sus componentes, programas de prevención, tratamiento e inserción y apoyo a organismos dedicados a la temática.

NO PUEDE FRENAR OCUPACIONES
Los negociadores de la Cámara Metalúrgica (CM) se reu nieron con el director nacional de Trabajo, Luis Romero, para denunciar que el sindicato del sector, la Unión de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra), tiene resuelto un calendario de ocupaciones para las plantas fabriles a partir del 8 de octubre.
El delegado empresarial Miguel Oliveros afirmó en la reu nión que se trata de una “gimnasia sindical” para “estirar” la negociación salarial y reclamó que el Ministerio de Trabajo (MTSS) tome acciones “preventivas” para evitar que se concrete la medida.
Romero, por su parte, aseveró a los empresarios que no podía hacer nada frente a las decisiones sindicales.
Uno de los mediadores del MTSS recordó a Oliveros que durante el conflicto de 2011, que implicó un mes de ocupaciones y piquetes en las puertas de las metalúrgicas, los empresarios del sector fueron “muy exitosos” porque “abrieron el camino jurisprudencial” para habilitar la desocupación de los lugares de trabajo.
En aquel conflicto los empresarios presentaron una decena de recursos ante la Justicia solicitando el desalojo de los ocupantes. Distintos jueces de la órbita laboral fallaron a favor de los empresarios y los sindicalistas pasaron a instalarse en las puertas de las fábricas con piquetes donde surgieron varios incidentes con el personal que no se sumó a la medida.
Ahora la preocupación de los empresarios está en que la Untmra y el MTSS no convocan el ámbito de diálogo para negociar la pauta salarial.
Según Oliveros, la CM no está en condiciones de pagar aumentos salariales con retroactividad. Agregó que por efecto de la situación económica los incrementos no podrían superar la inflación.
La Untrma reclama un aumento de 3% anual por encima del IPC.
El líder de la Untmra, Marcelo Abdala, reclamó esta semana que las empresas presenten propuestas concretas en los Consejos de Salarios y anunció que en octubre se producirán movilizaciones.

JUSTICIA CONDENÓ A PROCESADOS
El juez penal Alejandro Guido emitió la condena de primera instancia contra los cuatro marinos que en mayo de 2011 sometieron al joven haitiano Johny Jean, de entonces 18 años, en una base naval de Port Salut, ciudad ubicada al sur del país caribeño.
El caso, que se conoció a través de un breve video que fue divulgado a fines de 2011 y generó polémica a nivel internacional, ya que inicialmente se pensó que los militares uruguayos --que integraban la misión de paz de ONU en Haití, Minustah-- habían abusado sexualmente del joven.
Si bien Jean, que viajó a Uruguay para prestar declaración ante el juez Guido el 10 de mayo de 2012 dijo que fue violado, ese extremo no fue confirmado ni por la investigación judicial ni por la indagatoria administrativa que realizó la Armada en Haití.
La defensa de los marinos ya apeló la condena dictada por el juez Guido, en virtud de que se considera que el accionar de los militares no puede ser objeto de sanción ni reproche alguno desde el punto de vista penal. De hecho, los marinos, en sus declaraciones ante la Justicia civil y también en la Justicia Militar, señalaron que se trató de “una broma”.
El abogado penalista Gustavo Bordes, defensor de tres de los cuatro marinos condenados, pedirá que se inicie una investigación presumarial en relación a Jean, que a su juicio debería ser indagado por “calumnia y simulación de delito”, por haber denunciado una violación que no existió.