Opinion | 17 Sep El Poder Ejecutivo decretó la necesidad de adoptar el uso del bastón blanco (ceguera) y verde (baja visión) en todo el país como instrumento de movilidad para las personas con discapacidad visual. En la misma norma, reconoce y garantiza el acceso de perros guías a lugares públicos y medios de transporte.
Se denomina perro guía o de asistencia a todo can que se acredite haber sido adiestrado en centros especializados habilitados para el acompañamiento y auxilio de personas con discapacidad, y, a su vez, autorizado y debidamente registrado por la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal.
En este sentido, toda persona con discapacidad queda facultada a movilizarse acompañada de un perro de asistencia o perro guía para acceder a cualquier lugar público o privado como también a todo transporte de uso público o privado.
El derecho abarca a todo tipo de espacio público abierto o cerrado, incluyendo centros educativos, centros de salud, iglesias, estadios, cines, museos, almacenes, shoppings, hoteles, restaurantes y transporte público automotor.
Se determina que el acceso del perro de asistencia o perro guía a los lugares determinados anteriormente no supondrá ningún gasto adicional para el usuario, salvo que tal gasto constituya la prestación de un servicio económicamente valuable.
Si bien la disposición está incluida en un decreto relativo a los ciegos, el derecho a hacer uso de los espacios y medios de transporte públicos con perros lazarillos está contemplado para todos los discapacitados con una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.
Aunque todavía son pocos los casos de personas discapacitadas que utilizan perros guía y lazarillo en la vía pública, bueno es que estos aspectos sean incluidos en una normativa como forma de garantizar derechos y promover el uso de estos apoyos a la discapacidad.
Por otra parte, cambiar hábitos no es sencillo y hacer circular y entender la información tampoco, razón por la cual se puede estimar que el reconocimiento de la norma a los derechos antes mencionados demore cierto tiempo en ser ampliamente conocidos y totalmente respetados. De todas formas, es obligación del Estado garantizar accesibilidad en una sociedad que, evidentemente, necesita superar barreras y avanza en inclusión.