Opinion | 23 Sep Luego de la instrumentación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en las últimas horas se dio a conocer la primera muerte materna por realizarse un aborto casero.
La directora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Leticia Rieppi, dijo que los referentes sanitarios “estamos convencidos de que estos casos siguen ocurriendo esencialmente porque las mujeres tienen miedo a consultar y ser denunciadas o penalizadas, y por eso vienen tarde a la consulta”.
Además del miedo, a las autoridades les cuesta remarcar el aspecto cultural. Concurrir a una policlínica barrial o a un centro de salud del interior, dirigirse al lugar donde se instrumentan las consultas por una interrupción voluntaria del embarazo y salir de ese sitio con un papel que contiene diversas indicaciones, no es algo que se logre llevar a la práctica de manera dinámica en comunidades pequeñas.
En estos casos, más que el miedo a ser penalizadas, es relevante el miedo al “que dirán”, porque hay que seguir viviendo en el mismo lugar y saludando a las mismas vecinas con las que nos encontramos en un centro de asistencia.
Las autoridades del MSP anunciaron que fortalecerán la difusión de las condiciones para abortar y en estos casos, cualquier énfasis en aspectos de referencia a la salud son bienvenidos. Sin embargo, el problema es otro.
Hay mujeres que contestan abiertamente a una consulta de este tipo y otras, por más que se reitere hasta el cansancio el aspecto de la confidencialidad, no lo entenderán. Por eso lo del aspecto cultural, que –generalmente-- se deja de lado en casi cualquier tema.
Ninguna mujer reconocerá alegremente que concurre a un centro hospitalario porque desea interrumpir su embarazo. Además de convertirse en una decisión complicada, tendrá que lidiar con diversos aspectos que están por encima de la faz sanitaria. Y ese punto no fue trabajado, difundido ni promocionado con énfasis después de puesta en práctica la ley.
Cuando comenzaron a correr los plazos, se anunció y se dio por hecho que la información estaba en la retina de todas las mujeres.
En realidad, una vez habilitada esta iniciativa que refiere a un asunto delicado, debió retomarse con mayor intensidad la información de los puntos relevantes, pero enfocados estrictamente al temor, la confidencialidad y seguridad de una interrupción vigilada por un equipo médico. Incluso, reafirmar que la consulta con un equipo técnico durante el período de cinco días de “reflexión”, no exponen a la mujer ante un tribunal ante quienes deberá explicar una vez más las razones por las cuales desea interrumpir su gestación.
Porque en esta situación, una mujer se siente particularmente vulnerable y sensible ante cualquier pregunta.