Paysandú, Miércoles 25 de Septiembre de 2013
Locales | 19 Sep Como irregular fue calificada la compra directa común, --por medio de la cual la Intendencia de Paysandú otorgó a Lipin S.A Construcción Vial--, por la otra empresa que fue contactada por el Departamento de Servicios para hacer el trabajo de retiro de cepas, Urbamont’s. Esta empresa, cuyo titular es Yanela Tregartten, fue precisamente la que efectuó la tala de eucaliptos en la zona costera, recogiendo un total de 460 toneladas de leña. Urbamont’s, contactada en las últimas horas por EL TELEGRAFO, subrayó que “se nos comunicó en forma verbal que nos presentáramos a un llamado por compra directa para el retiro de más de 400 cepas; no hubo una comunicación escrita donde se establecieran las bases. Y se nos pidió que cotizáramos por el total, aún cuando se nos dijo que por lo que indicaba el Tocaf, el trabajo iba a salir por etapas”.
“El mismo Emilio Pérez (director general de Servicios) nos dijo que presentáramos el precio total y que luego se iba a hacer por etapas el trabajo”, indicó Tregartten. Ante esto, “propusimos, tomando en cuenta lo que se nos pidió verbalmente, el retiro de las cepas -algunas de ellas pesan unos 9.000 kilos, por lo que se necesita alquilar una grúa- y su disposición final, obviamente lejos de la zona de la playa. Nuestro trabajo incluía capataz, sereno, personal calificado, maquinaria específica y camiones para el traslado”.
Esto llevó a presentar un presupuesto de 3.090 pesos por cepa, o 1.236.000 pesos (unos 56.000 dólares a la cotización actual) por unas cuatrocientas cepas. “Sabíamos que eso estaba muy lejos del límite de compra directa, pero Pérez aseguró que se iba a hacer por etapas y pidió que lo presentáramos así”.
No obstante, luego se enteraron que “la otra empresa presentó un presupuesto parcial, para la primera parte del trabajo, con un costo que en líneas generales es la mitad del nuestro”, lo que se justifica “porque en lugar de llevarse las cepas como debería hacer, a la mayoría simplemente la entierran en la misma zona de extracción. Eso ahorra muchos costos, pero no es lo que se nos pidió y ciertamente no es lo que corresponde”.
Urbamont’s subrayó que “no es posible hacer una contratación de este tipo sin que la Intendencia tenga por escrito las condiciones del trabajo solicitado. Nosotros nos presentamos porque el director Pérez nos llamó varias veces pidiendo que lo hiciéramos, pero de verdad nunca esperamos que tuviera dos bibliotecas y nos hiciera a nosotros hacer un tipo de presupuesto y otro tipo a otra empresa, que en esas condiciones extrañas resultó ganadora”.
Directivos de Urbamont’s intentaron ser recibidos en la víspera por el intendente Bertil Bentos, “para explicarle la situación, para que al menos estuviera informado” pero no fue posible “porque en su secretaría privada se nos dijo que debíamos comunicarnos solamente con Pérez”.
“Para nosotros es muy claro que el retiro de cepas se hará por etapas, a través de esta otra empresa, que de esa manera cobrará más o menos lo mismo que nuestro presupuesto, pero sin cumplir con las normas establecidas en el Tocaf”, indicaron.
Por otra parte, dijeron que “cuando comenzamos a talar los árboles, ofrecimos también retirar las cepas, pero eso no fue aceptado por el director general Pérez, quien entonces aseguró que eso lo iba a hacer personal municipal”.
DOTI VUELVE A LA CARGA
Por otra parte, el dirigente de la lista 236 del Partido Nacional, David Doti, volvió a la carga sobre este tema, indicando que el director general de Servicios, Emilio Roque Pérez “se contradice” al indicar primero que iba a licitarse el trabajo y posteriormente que se había hecho una compra directa. “El debe tener el trámite de compra directa, pues lo debe haber realizado en su oficina, por lo que sería importante saber en qué momento se presentaron las ofertas y cuál fue la fecha del suministro para dicha compra directa”, dijo Doti.
Si así lo explicara “quedaría en claro para los clientes de la Intendencia (los contribuyentes de la misma, con lo que se paga este trabajo), si la compra directa se hizo antes o después de haber anunciado el 9 de setiembre en el diario EL TELEGRAFO, la licitación pública”, agregó Doti, quien una vez más subrayó que “soy sabedor de la rectitud de proceder del director general de Servicios, por lo que estoy seguro que nuestras posibles dudas -y del contribuyente- serán contestadas rápidamente”.
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