Paysandú, Miércoles 25 de Septiembre de 2013
Opinion | 23 Sep De acuerdo a lo manifestado por el director nacional de Energía, Ramón Méndez, en el reciente seminario iberoamericano de energías renovables, con la producción de energía eólica prevista para 2015 en algunos momentos del día toda la demanda de electricidad que requerirá el país será suministrada a través de esta fuente de energía.
Actualmente la matriz energética uruguaya se compone principalmente de energía no renovable, con el petróleo participando en un 48,2 por ciento en el total de la matriz primaria, pero el Uruguay está apostando fuertemente a las energías autóctonas y renovables y, dentro de ellas, la que se lleva las preferencias hasta ahora es la eólica.
Actualmente la potencia eólica instalada en el país es de unos 50 megavatios, pero se espera que para 2015 esta cifra se sitúe en el entorno de los 1.150 megavatios, de acuerdo a los emprendimientos energéticos de este tipo que ya están en desarrollo, previéndose que para ese año la matriz energética estará compuesta en un 55 por ciento de generación hidráulica, en un 28 por ciento de eólica, 10 por ciento de biomasa y 7 por ciento de energía térmica.
El impulso se inscribe en el contexto de la política energética 2005-2030, que fuera aprobada por el Ejecutivo en 2008 y ratificada por la comisión multipartidaria de energía del parlamento dos años después.
Esta apuesta apunta a diversificar las fuentes de energía para así disminuir la dependencia del petróleo, que plantea los principales lineamientos en materia de energía, con las miras puesta en el largo plazo.
Uruguay cuenta con cuatro parques eólicos, que son los de Nuevo Manantial, con una capacidad de generación de 13 MW, Agroland (450 KW), complejo Ingeniero Emanuele Cambilargi, propiedad de UTE, con 20 MW, y el parque Magdalena, de la empresa Kentiluz, de diez megavatios.
Pero a la vez UTE ha llevado a cabo tres grandes licitaciones para emprendimientos eólicos, que están en plena etapa de implementación y con ellos se espera superar los mil megavatios en 2015.
Las buenas condiciones climáticas de Uruguay para esta producción, junto con la política gubernamental que la promueve, ha convertido en atractivo para inversores apostar a la instalación de un parque eólico, para cuya instalación se necesita conjugar factores como disponibilidad de vientos, logística y conexión eléctrica.
A juicio de los operadores del sector, Uruguay está atravesando la mayor reestructura de toda su historia en el campo eléctrico, en tanto este año comenzaron a llegar los equipamientos que darán forma a los parques que ya fueron adjudicados.
Igualmente, tras este empuje, todo indica que no van a entrar más de 100 a 150 megavatios por año desde 2015, lo que aparece como un desafío a superar para seguir con una tendencia si bien no tan marcada, por lo menos sostenida.
Estas ofertas sin dudas han sido posibles porque UTE estableció nuevas condiciones para captar las licitaciones que habían quedado afuera de la segunda licitación para parques eólicos, mediante un precio sostén de 63,5 dólares el megavatio hora, en el entendido de que es realmente positivo que se busquen alternativas energéticas en base a inversiones en energías limpias y renovables.
Precisamente, toda incorporación de potencia eléctrica es bienvenida además en un país en el que a menudo la falta de agua en los embalses nos sigue afectando, lo que obliga a UTE a importar electricidad a precio de oro en los países vecinos o generarla en base a petróleo, a un precio similar.
Por lo tanto la energía eólica se presenta a esta altura como el impulsor alternativo de mayor proyección respecto a los embalses hidroeléctricos y a las centrales térmicas para la generación eléctrica. Se considera que tiene una potencia posible de unos 2.300 megavatios en nuestro país, teniendo en cuenta los emplazamientos de líneas de UTE y los departamentos donde el viento tiene mayor potencial de aprovechamiento, que son fundamentalmente los de la franja sureste del país.
Y en este contexto el uso de recursos nacionales y renovables es un imperativo para un país altamente dependiente, afectado por factores negativos como los altos costos y la dependencia energética.
Ello indica que el promover energéticos que no sean de origen fósil ni importados responde al interés nacional, y es además un adicional nada despreciable que en su instalación se puedan obtener créditos de carbono para mejorar la viabilidad de los proyectos.
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