Opinion | 25 Sep El informalismo en la economía es una rémora que afecta sobre todo a países subdesarrollados, entre los que se cuenta el nuestro, y que determina que todos perdamos de una forma o de otra: quien paga regularmente sus aportes e impuestos, debe hacerlo por sí y por los que no lo hacen, y a la vez quienes no lo hacen están compitiendo ilegalmente, por menores costos, con quienes sí cumplen con sus obligaciones.
Pero por lo demás, quienes son protagonistas de esta ecuación negativa para la compleja trama de la economía terminan infligiéndose serios perjuicios a sí mismos, porque la regularización no solo conlleva estar al día con los aportes, sino sobre todo tener cobertura social, fundamentalmente para poder acogerse a los beneficios jubilatorios --aunque debido al sistema “solidario” de pensiones que funciona en nuestro país, quienes están en “negro” igual recibirán un beneficio, que sale del salario de los trabajadores en actividad-- y contar con un seguro de salud que cubra eventuales quebrantos, en especial cuando se llega a la tercera edad.
Debe tenerse presente que pese a tener altos niveles de informalismo, estamos mucho mejor que hace apenas cinco o diez años, y no es poca cosa, porque se trata de la regularización de una fuerza laboral de decenas de miles de personas que estaban al margen de toda cobertura, y a la vez tanto los organismos previsionales como Rentas Generales perciben una mayor recaudación que antes formaba parte de una economía subterránea que tenía a unos presuntos beneficiados --los evasores-- pero a la vez afectando y disuadiendo de hacer aportes a los que cumplían con sus obligaciones.
Igualmente, hay todavía mucho por hacer en cuanto al abatimiento de los índices de esta economía informal, porque aún hay altos niveles de informalismo en un sector de trabajadores denominados cuentapropistas, es decir quienes no son empleados de ninguna empresa y ofrecen sus servicios o están al frente de microempresas unipersonales que se desenvuelven por sus propios medios en el mercado del trabajo.
Respecto a esta problemática, que es mayor que lo que puede parecer a primera vista, las economistas Verónica Amarante e Ivone Perazzo, coautoras del estudio “Trabajo por cuenta propia y monotributo en Uruguay”, explicaron al suplemento Economía y Mercado del diario El País que si se entiende por informalidad la falta de cobertura de la seguridad social, casi la totalidad de los cuentapropistas sin local carecía de ésta en 2011, año en que se desarrolló el censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), que las profesionales utilizaron como fuente de información.
A la vez entre los trabajadores por cuenta propia con local el porcentaje de los no registrados era menor, al alcanzar el 67,2 por ciento, pero igualmente más que duplica la media de los ocupados, que es del 27,1 por ciento.
Es así que según las economistas, unos 144.000 trabajadores por cuenta propia cumplirían las condiciones para ampararse al régimen de monotributo tradicional, pero alrededor del 70 por ciento no está registrado en la seguridad social.
Indicaron que la falta de aportes dentro de este grupo podría asociarse directamente con el bajo nivel de ingresos, que a su vez se vincula con menos horas de trabajo en promedio y con el menor nivel educativo, lo que indica que si bien cumplen con las condiciones para acceder, sus ingresos no les permiten pagar el monotributo para su regularización.
Estos datos son recogidos en el informe elaborado por las citadas profesionales en el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, y de acuerdo a la definición sobre cuentapropistas, se trata de personas que sin depender de un patrón explotan su propia empresa sin ocupar ningún trabajador remunerado.
Actualmente son poco más del 20 por ciento de la fuerza laboral, es decir unos 290.000 trabajadores, quienes están en esta situación, la gran mayoría sin aportar y sin cobertura, lo que constituye un gran desafío para las políticas públicas, porque este escenario solo genera perjuicios al interés general, aun contemplando que quienes están en esta situación destinen lo que deberían aportar por monotributo a gastos propios, teniendo en cuenta sus menguados ingresos y las necesidades que les plantea el día adía.
Por lo tanto, más allá de los avances que se han incorporado al régimen previsional y de tributación con la instauración de un monotributo más flexible, es preciso generar más estímulos --también mejores controles, al fin de cuentas-- para incorporar a este 20 por ciento de la masa laboral que sigue excluido de toda cobertura, y que al llegar a la vejez se encontrarán con sus fuerzas alicaídas y con una mano atrás y otra adelante, para depender solo de programas asistenciales del Estado.