Opinion | 25 Sep A poco que se comience a cobrar el Impuesto al Patrimonio a extensiones rurales (en octubre) la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Federación Rural (FR) llegaron a la conclusión que sería también inconstitucional, como el ICIR, por lo que instaron a los productores a informarse del tema y a presentar recursos ante la Suprema Corte de Justicia.
Según el jurista Gonzalo Aguirre, el Impuesto al Patrimonio rural choca con el artículo 10 de la Constitución y en base a eso, seis productores ya decidieron presentarse ante el máximo tribunal esta misma semana. Seguramente los seguirán muchos otros.
Esto toma en falso a la Dirección General Impositiva (DGI), que esperaba recaudar entre 60 y 70 millones de dólares por el Impuesto al Patrimonio al sector agropecuario. La mayor parte de esa recaudación iba a ser distribuida entre las intendencias para, mediante un fideicomiso, adquirir maquinaria vial con la que atender las necesidades de caminería rural en todo el interior del país.
En tanto, el sector agropecuario, que no paga el Impuesto de Primaria, se aprestaba a pagar el Impuesto al Patrimonio, pero en los últimos días ha habido una marcha atrás al plantearse su inconstitucionalidad.
A su vez, las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), esperaban que el Congreso de Intendentes decidiera sobre el fideicomiso para reparar rutas y caminos.
Ni qué decir, las intendencias esperaban ansiosas el dinero para poder proceder a la compra de maquinaria vial, en la medida que prácticamente todas tienen enormes deficiencias en ese sentido.
No obstante, más allá del Impuesto al Patrimonio, no hay suficiente dinero para cubrir las necesidades de infraestructura en el sector rural, que anualmente demanda 440 millones de dólares. Los aportes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas no son suficientes y estudios realizados determinan que en la última década el déficit de inversión en mantenimiento de la infraestructura es de 1.552 millones de dólares.
Esto es realmente el núcleo central del asunto. Es claro que si un impuesto es inconstitucional debe ser eliminado, pero al mismo tiempo también es igualmente claro que la caminería rural necesita estar en buenas condiciones porque es imprescindible para el desarrollo productivo. Ahora bien, el ICIR no pudo ser, al parecer tampoco el impuesto al Patrimonio. El gobierno no ha dado ninguna señal aun --y por lo pronto ya se “gastó” toda la bonanza-- y de hecho a las intendencias se les termina el tiempo de hacer y recuperar. Los productores rurales siguen encontrando inconstitucionalidades para no pagar para que se mejoren los caminos que el propio sector utiliza. La pregunta sigue siendo la misma, ¿quién va a pagar esto?