Nacionales | 23 Sep El presidente José Mujica se encuentra en Nueva York, para participar del 68º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una visita que durará cuatro días. Este lunes, Mujica se reunirá en primer lugar con el magnate George Soros, presidente de la Open Society Foundation, con quien conversará sobre la legalización de la marihuana y luego lo hará con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para dialogar entre otros temas, del conflicto que afecta a ese país y las negociaciones por la paz que el gobierno y la guerrilla de las FARC están conduciendo en Cuba.
Además, mantendrá un encuentro con el secretario general de la ONU, el coreano Ban Ki Moon, y más tarde participará en la recepción que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, brindará a los jefes de delegación de los países participantes en la Asamblea General.
Mañana martes, en tanto, participará en la primera jornada de debates de la Asamblea General, que se abrirá con un discurso de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, seguida de Obama. En la tarde será el turno del discurso de Mujica, que es el número 13 en la lista de oradores. El miércoles se reunirá con la colonia de uruguayos residentes en Nueva York y zonas vecinas, en tanto que el jueves lo hará con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina y con el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias. El viernes, finalmente, emprenderá el regreso y arribará a Montevideo en la madrugada del sábado.

LA HAYA NO TOPEA PRODUCCIÓN SEGÚN OPERTTI
El fallo de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, con sede en La Haya, sobre el diferendo entre Argentina y Uruguay, no establece límites al volumen de la producción de UPM, dijo el excanciller Didier Opertti. Tampoco el fallo establece la obligación de consultar al gobierno argentino sobre un eventual incremento, más allá de que Uruguay informó voluntariamente a ese país, como un gesto de buena voluntad, sobre el pedido de la empresa de subir su producción, aseguró Opertti.
El excanciller durante la presidencia de Jorge Batlle revisó en estos días el fallo de La Haya tanto en inglés, como en francés y en español y llegó a estas conclusiones.Más allá de lo que establece la decisión del tribunal, el gobierno uruguayo por decisión propia informó al argentino del pedido de la empresa de incrementar en 200.000 toneladas de celulosa seca su producción anual, como forma de evitar cerrar dos meses su planta de Fray Bentos a partir de la finalización en la próxima semana de su parada de mantenimiento habitual.
“Llegué a determinar que ningún párrafo condiciona la producción. Uruguay, actuando de buena fe, informó a Argentina en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay y están corriendo los plazos para la respuesta argentina. Eso es algo a lo que la sentencia no lo obligaba. Es una muestra de transparencia respecto a Argentina y de buen criterio para enfriar el tema”, dijo Opertti a El País.

EXCESO DE TRABAJO PAR DEFENSORES DE OFICIO
Solo 215 defensores de oficio se encargan de 250.000 casos por año y según la directora del servicio, en el área civil y de violencia doméstica se debería duplicar el número de abogados. Los defensores de oficio deben garantizar que aquellos ciudadanos que perciben al mes menos de $ 18.000 tengan una defensa justa ante la Justicia. Sin embargo, el sistema es un caos y la saturación evidente.
El exceso de trabajo de los defensores de oficio de todo el país es de tal magnitud que cada uno de ellos debe atender un promedio de 1.162 casos que afectan a personas de escasos recursos económicos. Es decir, deben estudiar un promedio de cuatro casos por día. “Es un disparate que esa cantidad de defensores de oficio atiendan tantos casos por año”, admitió a El País la directora Nacional de Defensa Pública del Poder Judicial, Beatriz Aristimuño.El presidente de la Asociación de Defensores de Oficio, Luis Ferrari, dijo recientemente en el Parlamento que tenía a cargo los expedientes de 250 presos y 2.500 causas de personas libres.
“Es obvio que es imposible dar una defensa de calidad con esos números”, advirtió.Por su parte, Aristimuño señaló que en algunas defensorías del país, los profesionales deben llevar los expedientes a sus casas para poder afrontar la elevada carga de trabajo”.
En algunos lugares del interior, por el volumen de trabajo y población, se precisa duplicar la cantidad de defensores. En el caso de la defensoría civil de Montevideo habría que aumentar la cantidad de defensores al doble o aún más”, manifestó.Según Ferrari, en el Interior faltan defensores de oficio en todos los departamentos y en el caso de Montevideo habría que analizar por materia. “En materia penal y si se aprueba el nuevo Código, obviamente van a faltar defensores”, advirtió.

INDUSTRIA METALÚRGICA AJENA A LA BONANZA
La industria metalúrgica reclamó una mayor consideración en las obras estatales y acusan pérdida de competitividad. La falta de inversión, problemas de competitividad y negociaciones salariales complejas pintan un panorama poco alentador para una industria que emplea a unos 10 mil trabajadores y que en los últimos dos años ha perdido alrededor de 2 mil empleos, según cifras de la Cámara Metalúrgica, la gremial que nuclea a 140 empresas de las 1.200 que tiene el sector.
“Si tengo que definir la situación de la industria en términos empresariales yo diría que estamos en concordato”, afirmó el presidente de la Cámara Metalúrgica, Miguel Oliveros. El índice de personal ocupado de la rama tuvo una variación negativa de 8,11% en el primer semestre de 2013 respecto a 2012, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas.
“Nosotros vivimos estos años de bonanza del país viéndola de afuera, nunca participamos de ninguno de los megaemprendimientos que ha llevado adelante el país” afirma Oliveros, quien apunta hacia la planta desulfurizadora de Ancap para ejemplificar su reclamo de una inversión que insumió US$ 360 millones.
Desde el sindicato se comparte cierta preocupación sobre la situación de la industria, aunque se tiene mayor esperanza sobre los caminos a seguir para dar una inyección al sector.“La industria metalúrgica ha enfrentado problemas estructurales importantes. En lo referente a la competitividad y el precio del dólar es evidente que hay un problema allí que seguramente luego de la medida que tomó el Banco Central de aumentar los encajes seguirá teniendo efectos que mantendrán el dólar en el entorno de los 22 pesos y que terminará ayudando a recuperar la competitividad”, señaló Marcelo Abdala, representante de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra).

NEGOCIAN POR CUÁNTOS AÑOS EXTRAERÁN HIERRO
El Poder Ejecutivo comenzó a negociar con la empresa Zamin Ferrous (Aratirí) el contrato de explotación del hierro ubicado en el noreste del país, con base en la localidad de Valentines, en Treinta y Tres, bajo las condiciones de la ley que aprobó semanas atrás el Parlamento. La idea del gobierno es firmar “en un mes”, informó a El Observador el asesor presidencial Pedro Buonomo, encargado de negociar con la firma de capitales indios.
Si bien la flamante legislación establece los parámetros de los negocios de minería de gran porte, existen áreas en las cuales todavía se tienen que poner de acuerdo.
El punto principal a negociar es el tiempo de vigencia del contrato, es decir, la cantidad de años durante los cuales Aratirí extraerá el mineral. Las posibilidades van de 15 a 30 años.
El representante de la firma en Uruguay, Fernando Puntigliano, dijo a El Observador que la propuesta de la empresa siempre fue de 20 años y eso no cambió.En un librillo editado por la compañía, y encartado en los diarios el año pasado, se informó que el proyecto fue diseñado para producir y exportar “alrededor de 18 millones de toneladas de concentrado de hierro por año, durante un período de entre 20 y 30 años”. Buonomo, por su parte, dijo que el plan de negocios presentado por Aratirí plantea sacar hierro durante 15 años.
El detalle del plazo en el permiso de explotación es importante, en tanto puede cambiar el dinero que la actividad deje a las arcas del Estado.El proyecto va camino a concretarse, mientras en el interior del país avanzan los recursos en su contra, impulsados por vecinos y organizaciones ambientalistas. Ello preocupa al gobierno, aunque ha dicho que existe un “blindaje” jurídico.