Opinion | 28 Sep De acuerdo a lo manifestado en las últimas horas por el presidente José Mujica a la agencia de noticias estadounidense Bloomberg, el jefe de Estado ha decidido autorizar en forma condicional el incremento de la producción de celulosa solicitada por la empresa UPM Botnia en 300.000 toneladas, supeditado a una mejora en el contenido de elementos contaminantes de los vertidos.
“Te doy para que tú me des pero si tú no me das no te doy”, fue la reflexión del mandatario a la agencia noticiosa, y aclaró que “la decisión no es simple. Es medida con sentido ubicado en la media línea, con un tipo de exigencia para mejora ambiental de la propia compañía”, aseguró.
El mandatario explicó que esa mejora ambiental tiene que ver con perfeccionar la refrigeración del agua que se manda al río y una baja en el tenor de fósforo que contiene el agua, en tanto confirmó que el lunes hablará con la presidenta argentina, Cristina Fernández, para comunicarle su decisión, cuando ambos mandatarios coincidan en el bautismo del nuevo barco de Buquebus, “Francisco Papa”.
Este último aspecto de la información es precisamente el quid del asunto, y el “te doy y tú me das pero si no, no te doy” está dirigido a la empresa, cuando en realidad este concepto debería aplicarlo a la contraparte que cuestiona desde el inicio de la instalación de la planta de celulosa, es decir el gobierno de los Kirchner.
Por supuesto, en materia de preservación ambiental siempre hay que buscar la perfección, en el marco de la ecuación costo-beneficio, pero no debe soslayarse que implícitamente está dando el mensaje a los seudo ambientalistas de Gualeguaychú que la planta está contaminando y que están bien fundados en su oposición a cal y canto, que llega a lo delirante.
Es cierto, la empresa ha culminado su etapa de producción autorizada de un millón de toneladas antes del período de un año, y de no autorizarse la ampliación, seguiría paralizada de aquí hasta noviembre, con todo lo que ello significa en materia de generación y reciclaje de riqueza entre trabajadores, transportistas y la infraestructura de apoyo, así como en la exportación de celulosa, que no es poca cosa, porque estamos hablando de un 30 por ciento de la producción anual.
Pero a la vez no hacerlo sería condenar la eficiencia, por más que se pueda considerar que se está ante una presión indirecta al gobierno por lo que se pierde de actividad; aunque a fuer de sinceros, debemos señalar que el gran dilema que se plantea el propio gobierno uruguayo es que el pedido de la empresa lo pone en el aprieto de incorporar un nuevo motivo de discordia con el gobierno de Cristina Kirchner, cuando es notorio que desde la vecina orilla se sigue cuestionando la instalación de la planta de celulosa.
Al condicionar la autorización a una reducción de la temperatura y el contenido de fósforo, dos aspectos que los informes de laboratorios internacionales indican que están dentro de los parámetros permitidos, coincidiendo con los controles que efectúa de este lado del río la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) en los hechos Mujica está tratando de ir por una línea del medio muy angosta, ante los cuestionamientos argentinos, envalentonados por actitudes genuflexas y de subordinación a los deseos del gobierno Kirchner que se han puesto de relieve recurrentemente.
Es que pese a las concesiones sistemáticas, desde la vecina orilla no se ha tenido la misma actitud, como se reafirma una y otra vez con las dilaciones e incumplimientos respecto al dragado del Canal Martín García, así como a las trabas a los ingresos de nuestros productos al vecino mercado, y al corte del puente Fray Bentos- Puerto Unzué que efectuó durante años el puñado de activistas de Gualeguaychú.
Y si se requiere hacer las cosas más o menos bien, el presidente uruguayo debería incluir en su conversación con Cristina Fernández, además de anunciar que se autoriza el aumento de la producción de la planta condicionado a una reducción de los contenidos de fósforo y la temperatura, el reclamo de que se autorice por la Argentina la divulgación de los resultados de los monitoreos de las aguas del río Uruguay efectuados por laboratorios internacionales, que según ha trascendido, indican que la planta no contamina, como sostienen los activistas de la vecina orilla, por lo menos para empezar a poner las cosas en su lugar y no seguir cediendo a cambio de nada.