Opinion | 28 Sep A fuerza de escraches, manifestaciones violentas y ocupaciones --una de las cuales nada menos que del local de la Suprema Corte de Justicia cuando se efectuara el relevo de la jueza Mariana Mota-- ha cobrado creciente protagonismo mediático el grupo Plenaria Memoria y Justicia, integrado por activistas radicales de izquierda.
La última manifestación pública del grupo tuvo lugar el jueves, cuando marcharon por la avenida 18 de Julio de la capital como protesta ante la “represión” policial. Varios encapuchados --para no ser identificados--, efectuaron pintadas en el edificio de la Cancillería y comercios céntricos, además de derribar vallados, lanzar piedras y arremeter contra los periodistas que registraban los hechos.
La cara más visible del grupo es Irma Leites, a quien la izquierda considera como luchadora por los derechos humanos, pese a que la organización pisotea otros derechos en cuanto a los instrumentos que utiliza, al dañar la propiedad privada y pública, al pintar paredes y lanzar piedras contra vidrieras y propiedades del lugar en que realizan su demostración “pacífica”.
Otro integrante del movimiento es el extupamaro Jorge Zabalza, quien fuera protagonista en su momento de los desmanes de la multitud convocada en el Hospital Filtro, para evitar que el gobierno del entonces presidente Luis Alberto Lacalle extraditara a España a tres terroristas vascos que luego fueron condenados, con un cúmulo de pruebas, como participantes en asesinatos y otros actos terroristas.
Los carteles y graffitis del último episodio lucían leyendas como “Policía botón”, “Bonomi represor”, “Sin tiras vivimos mejor”, reivindicando causas que se centran en renegar del sistema establecido, o sea nada más y nada menos que la democracia.
Y todo esto en nombre de los derechos humanos, del reclamo de “Memoria y Justicia”. En este caso la justificación de la protesta es el pedido de procesamiento del fiscal de siete implicados en la asonada en la Suprema Corte de Justicia, cuando intentaron impedir que se concretara el relevo de la juez Mota, a quien consideran como abanderada en los tribunales de justicia de la defensa de los derechos humanos.
Claro que a esta altura de los acontecimientos cuesta poco inferir que cuando se rechaza la represión policial, lo que se busca en realidad es que sus integrantes sean reprimidos, y para ello una y otra vez hostigan a la policía, incluyendo pedreas, para que se dé la orden de reprimir y quedar como víctimas ante la opinión pública.
Por suerte, son unos pocos, y al ciudadano común que tenga alguna idea de como son las cosas, difícilmente puedan venderle espejitos de colores con sus acciones.
Pero muchas veces alcanza una chispa para encender un polvorín, y por más que no están dadas las condiciones para que estos grupos progresen, sí constituyen una piedra en el zapato para el sistema democrático republicano de gobierno, en el que no creen y menos aún respetan. Lo peor que puede pasar es que se les siga el juego por ciudadanos desprevenidos, porque están en cuanto acto de protesta se organice, y cuando hay infiltrados y las cosas ocurren, ya es tarde para volverse atrás.